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Por la superpoblación en las cárceles federales solicitan agilizar medidas

La defensora General de la Nación convocó a defensores oficiales a acelerar pedidos de arrestos domiciliarios y uso de tobilleras. Actualmente hay 14.339 internos, cuando la capacidad máxima es de 12.235.

“El incremento notorio de la cantidad de personas privadas de libertad en el sistema de enjuiciamiento criminal federal ha llevado a que el hacinamiento, con las múltiples violaciones de derechos que engendra, sea puesto en evidencia en cada relevamiento de centros de detención dependientes del Servicio Penitenciario Federal, o de destacamentos de las fuerzas de seguridad federales en el interior”.
Bajo esa premisa, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, pidió que se agilicen los pedidos de libertad o de morigeración de la situación de encierro de los detenidos en cárceles federales.

La funcionaria hizo su planteo en una resolución general que le notificó a todos los defensores oficiales nacionales y federales.
Al pedirles que soliciten arrestos domiciliarios y uso de tobilleras, se basó en un informe que elaboró la Comisión de Cárceles de la Defensoría General, que concluyó que las condiciones de vida de los internos no alcanzan los estándares mínimos de dignidad, entre otras razones porque los espacios de convivencia son limitados, se han agregado camas dobles en celdas individuales, los lugares de estudio o de esparcimiento se convirtieron en nuevos sectores de alojamiento y hay personas pernoctando en instalaciones que están pensadas para trámites judiciales de una jornada.
Actualmente, hay 14.339 presos en las cárceles federales, que tienen capacidad para 12.235, lo que implica 17 por ciento de sobrepoblación, según información oficial del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En marzo, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, declaró la emergencia en el sector por tres años y creó una comisión para que abordara la problemática, pero desde entonces la población creció 5 por ciento.
La suba se le atribuye a la aplicación de la Ley de Flagrancia y a la reforma de la ley de ejecución de las penas, que limita los criterios de libertad.