ESCUCHARLa baja se refleja en las causas por enfermedad, accidente e incapacidad laboral. Se estima que ocho de cada 10 trabajadores llegan a un acuerdo en las comisiones médicas y evitan la judicialización del caso. Siguen las demoras en el TSJ y la situación de los trabajadores “en negro” es preocupante
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
Las últimas estadísticas divulgadas por el Poder Judicial de Córdoba establecen que durante 2018 se redujo 23 por ciento la cantidad de causas que ingresaron al fuero del trabajo de la Provincia.
Ésa era una consecuencia esperada, a la que aspiraba el Gobierno de Córdoba cuando adhirió a la ley nacional 27348, que modifica los procedimientos en aquellos conflictos referidos a riesgos de trabajo.
En números, mientras en 2017 la cantidad de causas que ingresaron a los tribunales de la provincia ascendió a 28.397, el año pasado la cifra se ubicó en 21.671 expedientes, lo que representa una reducción del orden de 6.726 causas. En la mayoría de los casos, la baja se refleja en juicios por enfermedad, accidente e incapacidad laboral.
En diálogo con Comercio y Justicia, el abogado especialista Mariano Albrisi comentó que las comisiones médicas mejoraron “sustancialmente” la atención y actualmente un trabajador puede obtener un arreglo económico en un plazo promedio de 30 días.
Albrisi estimó que ocho de cada 10 trabajadores -”en blanco”- que se presenta en aquella instancia administrativa acepta un acuerdo que evita la judicialización de su caso.
Talón de Aquiles
Ahora bien, una vez judicializada la causa, el peregrinar de los trabajadores sigue siendo un camino extremadamente arduo, largo y desgastante.
En promedio, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) demora cuatro años en resolver un expediente que, en siete de cada diez casos, termina siendo rechazado por ser “formalmente inadmisible”, lo que implica que los vocales no discuten el fondo de la cuestión.
“Los camaristas prácticamente admiten todos los recursos de casación y luego un trabajador pierde cuatro años para que finalmente le digan que es formalmente inadmisible su planteo, lo termina siendo una herramienta de dilación de un crédito laboral”, explicó Albrisi a este medio.
La situación parece de difícil solución, sobre todo si se tiene en cuenta que los recursos de casación y de queja que ingresaron a la Sala Laboral del TSJ desde mayo de 2017 hasta el 30 de abril de 2018 aumentaron casi 30% respecto del año anterior, según información estadística difundida por el propio Poder Judicial.
La celeridad no es para los trabajadores “en negro”
Cabe recordar que, en junio, comenzará a regir en forma progresiva la reforma del Código Procesal Laboral que tiene como principal objetivo reducir sustancialmente los plazos en un juicio laboral. Los tribunales de Córdoba capital pasarán a tener 15 juzgados de Conciliación y del Trabajo. Se plantea conservar las garantías del sistema oral, concentrado y abreviado. Además de la creación de nuevos juzgados, la iniciativa establece la puesta en marcha de una secretaría de relatoría y conciliación por cada juzgado laboral. Los nuevos tribunales trabajarán con un procedimiento laboral de carácter digital y despapelizado.
Lo que hasta aquí parecería ser una muy buena noticia no lo es tanto para todos aquellas trabajadores que no se encuentran en el circuito formal del mercado laboral.
“Esta ley será ágil, efectiva y oficiosa para aquellos juicios ejecutivos de trabajadores ‘en blanco’, pero si un trabajador está ‘en negro’ o está mal registrado el juicio, se ordinariza y volvemos a juicios de cinco años y aquí en Córdoba el empleo informal es de 60% por ciento”, explicó Albrisi y agregó preocupado: “Se pensó en una ley que no será efectiva mientras sigamos con trabajadores en la clandestinidad”.
Asimismo, Abrisi alertó sobre el crecimiento en los tribunales de otro tipo de litigios laborales de la mano de la crisis económica que sufre el país. Los juicios por despidos son moneda corriente y se acumulan en los diferentes juzgados de la ciudad de Córdoba el interior provincial.
La litigiosidad se mantiene
Los conflictos familiares, en alza
Las cifras estadísticas divulgadas por el Centro de Estudios y Proyectos del Poder Judicial de Córdoba indican que -en promedio- la tendencia de judicialización de los conflictos se mantiene prácticamente sin variaciones significativas en la justicia cordobesa. Las estadísticas muestran una leve baja con una disminución de 3.400 causas aproximadamente respecto al año 2017, lo que representa uno por ciento.
A diferencia de lo que ocurre en los tribunales del trabajo, la conflictividad familiar atravesada por situaciones de violencia sigue en alza. El estudio demuestra que en comparación con el año 2017, las denuncias por violencia familiar y de género aumentaron en 5.145 casos.
En el resto de los fueros la distribución es similar a años anteriores. El fuero Civil y Comercial continúa siendo el de mayor volumen, 186.153 causas; siendo las causas de Ejecutivo Fiscal las más representativas. No obstante hubo 4.396 de estas últimas en comparación con 2017.
