ESCUCHAREn Córdoba, la presión de abogados, empleados y funcionarios obligó al Alto Cuerpo a sumarse a las medidas. Por 15 días se suspenden los plazos procesales y administrativos
En el marco de la pandemia por el coronavirus y luego de la medidas tomadas por el Gobierno nacional -que incluyeron el cierre de escuelas y de fronteras- la Justicia finalmente resolvió restringir su actividad durante las próximas dos semanas.
En la ciudad de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia emitió una acordada en la que se dispuso un receso judicial extraordinario hasta el 31 del corriente mes, con modalidad de una feria judicial. Durante ese período, se suspendieron los plazos procesales y administrativos.
Los magistrados, funcionarios y empleados que deberán seguir prestando servicio no serán compensados con posterioridad ni remunerados de manera extraordinaria, según precisó la acordada N°1620 aerie “A” del Alto Cuerpo. Se aclaró, a su vez, que el personal que esté exento de presentarse a trabajar podrá ser convocado en cualquier momento por razones de servicio.
El TSJ estableció que el horario laboral para el personal afectado y la atención al público en los tribunales se mantendrá sin cambios. Pese a ello, se instó a los letrados y auxiliares de la justicia y a la población de general a limitar la concurrencia a los edificios del Poder Judicial a la realización de trámites “imprescindibles e impostergables”.
La medida fue adoptada por el Máximo Tribunal provincial luego de una fuerte presión por parte de los operadores judiciales -fundamentalmente de empleados, abogados y funcionarios judiciales-, quienes reclamaban el cese de la actividad tribunalicia para evitar la propagación del virus.
En la mañana de ayer, la decisión del TSJ se había limitado a otorgar licencia a magistrados, funcionarios y empleados que hubieran cumplido 60 años de edad, a las mujeres embarazadas y a las personas con depresión inmunológica, entre otros grupos de riesgo.
La reacción de los operadores judiciales no tardó en llegar. El Colegio de Abogados de Córdoba envió una misiva a las autoridades judiciales para que se declararan 15 días inhábiles en los tribunales y así evitar la circulación de personas en los tribunales de la provincia.
Paralelamente, la Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) reclamaba al Alto Cuerpo que adoptara medidas “urgentes” que permitieran una reducción “drástica” de la circulación en los pasillos de tribunales.
Al respecto, el gremio denunció que los empleados no contaban con “garantías de salubridad”. “No hay alcohol en gel, ni artículos de limpieza y 45 personas comparten un mismo baño”, afirmó Federico Cortelletti, titular de AGEPJ.
En este contexto, el TSJ emitió una nueva acordada y declaró un receso judicial hasta el próximo 31 de este mes. De esa manera, la provincia de Córdoba fue la sexta en tomar una decisión de estas características. Ya lo habían hecho los poderes judiciales de Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco, Salta y La Rioja.
Corte Suprema
En tanto, la Corte Suprema de Justicia también se sumó a la decisión de declarar días inhábiles desde el 16 y hasta el 31 de este mes, con atención mínima de jueces y funcionarios solo para casos urgente y sin atención al público.
Así lo resolvió el Máximo Tribunal después de la amenaza de los judiciales nucleados en el gremio de Julio Piumato de concretar un paro sanitario.
Datos
- Honorarios
Consultado por Comercio y Justicia, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura, consideró atinada la decisión del TSJ al entender que estaba en juego “un bien superior como lo es la salud pública”. No obstante, adelantó que solicitará al Alto Cuerpo que se amplíe la utilización de los medios tecnológicos y digitales para descongestionar las barandillas de tribunales, preservar la salud de los abogados en el ejercicio profesional y garantizar la percepción de los honorarios profesionales. - Comodoro Py
Suspensión de juicios
y videoconferencias
Antes de conocerse la decisión de la Corte Suprema, los tribunales federales de Retiro suspendieron las audiencias de juicios orales. La primera medida la tomó el Tribunal Oral Federal 2, que suspendió ayer la audiencia del juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández, al ex ministro de Planificación Julio de Vido y al empresario Lázaro Báez por el supuesto direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de este último. Otro tribunal, el Federal 4, suspendió poco después la audiencia del juicio oral por defraudación en Yacyretá que se realiza los lunes, porque todos los acusados superan los 60 años.
