ESCUCHAREs en el marco de la causa por evasión de nueve mil millones de pesos de la petrolera
Oil Combustibles
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió enviar a juicio oral al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y a los detenidos Cristóbal López y Fabián de Sousa, en la causa por eludir el pago de casi $9.000 millones del impuesto a los Combustibles líquidos de la petrolera Oil Combustibles, que se utilizaron para financiar empresas del Grupo Indalo, propiedad de los empresarios.
En un dictamen entregado al juez del caso, Julián Ercolini, el fiscal reclamó juzgar a los tres acusados por defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración pública.
Al ex funcionario lo consideró “coautor”, mientras que a los empresarios pidió juzgarlos como “partícipes necesarios” por el no pago de $8.926.740.758,91 más intereses, dinero que se les retenía a los clientes de Oil Combustibles y debería haber ser derivado al Fisco, entre mayo de 2013 y diciembre de 2015.
“Echegaray, en su condición de Administrador Federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos entre los meses de mayo de 2013 y diciembre de 2015, conjuntamente con la intervención de otros funcionarios públicos, en forma coordinada y funcional, perjudicó los intereses confiados por el Estado Nacional en lo que respecta a su función primordial de propender a la recaudación de los tributos, en beneficio de los titulares del Grupo Indalo”, acusó Pollicita, para quien Echegaray, desde su rol como máxima autoridad del organismo fiscal, con funciones y facultades de dirección, permitió, por acción en algunas oportunidades y por omisión en otras, un “gran número de irregularidades” en el tratamiento, gestión, otorgamiento y control de los regímenes de facilidades de pago solicitados por la firma Oil Combustibles SA, de propiedad de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa. “Esto redundó en que dicha firma se valiera indebidamente y de forma sistemática de sumas millonarias correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos y produjera su propia descapitalización al utilizarlas para financiar a otras empresas del Grupo Indalo y transformando en irrealizable el cobro del crédito millonario del fisco”, agregó el fiscal.
“Para articular dicho plan criminal y sostenerlo durante más de cuatro años fue necesaria la intervención concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de funcionarios públicos, como así también de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa y sus colaboradores en el conglomerado empresarial”, advirtió.
Pollicita pidió además a Ercolini que haga efectivo el embargo ordenado sobre los tres acusados, y en los casos de López y De Sousa lo concrete sobre las empresas beneficiadas con la maniobra delictiva pertenecientes al Grupo Indalo, y que además ordene el secuestro, depósito y administración judicial de los bienes muebles, así como también, ordene la tasación de la totalidad de los activos individualizados.
El pedido de juicio oral de la fiscalía se sumó al que ya presentó en la causa la querellante AFIP, y ahora el magistrado continuará con el trámite para el cierre de la investigación y dará vista a las defensas de los acusados para que se pronuncien sobre el envió del caso a un tribunal oral.
