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Pocas certezas a tres años de la muerte de Nisman

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La ex esposa del fiscal de la causa AMIA pidió replantear la posibilidad de declarar el hecho como delito de lesa humanidad. Consideró también que será difícil para la Justicia develar todos los que estuvieron “detrás de este plan criminal”

Al cumplirse tres años de la muerte de Alberto Nisman, familiares y amigos realizaron ayer un homenaje en el cementerio israelita de La Tablada donde descansan sus restos.
Su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado -jueza federal-, sus hijas Iara y Kala, su hermana Sandra y su madre Sara Garfunkel, junto al presidente de la AMIA, Agustín Zbar, encabezaron el tributo al fallecido fiscal.
La ceremonia íntima y privada incluyó un minuto de silencio en su memoria y fue motivo de declaraciones de su ex esposa, quien destacó el «importantísimo avance» en la causa.
En declaraciones a la prensa, la magistrada consideró necesario replantear si el hecho «debiera ser calificado como un delito de lesa humanidad, ya que el atentado de la AMIA fue calificado así por el juez de la investigación y la muerte de Nisman está vinculada con esta investigación que él llevaba adelante». Arroyo Salgado dijo que la muerte del ex fiscal fue «un magnicidio que cruzó una raya en la Argentina», y que la causa judicial que investiga lo sucedido hace tres años transcurre «en una instancia donde las calificaciones son provisorias».
«Habría que replantear el concurso premeditado de dos o más personas (en la muerte de Nisman) ya que el juez habla de un plan criminal», al señalar que el Código Penal (CP), en su artículo 80, «no contempla como agravante de homicidio en el caso de que la víctima sea un juez o fiscal con motivo de su cargo o condición».
Y subrayó: «Si algún legislador está escuchando sería muy importante (incorporar esta figura en el CP)”. Con respecto a la investigación judicial, Arroyo Salgado consideró que «va a ser muy difícil avanzar en cuanto a despejar todos los que estuvieron detrás de este plan criminal».

Homicidio
La Justicia federal investiga la hipótesis de un homicidio pero aún desconoce quiénes podrían haber sido los autores. Por ahora, entre los procesados se encuentra el técnico informático Diego Lagomarsino por supuesto «partícipe necesario» de lo que en la causa se definió como un «plan criminal».
«Las dos visitas conocidas del imputado durante el sábado 17 de enero de 2015 resultan claramente indicativas de su conocimiento y participación intencional dentro del complejo plan que condujo al resultado fatal», sostuvo el juez Julián Ercolini en el fallo.
Ante la Justicia, Lagomarsino sostuvo en más de una oportunidad que las dos visitas que le hizo a Nisman se produjeron después de recibir llamados de éste, y que en la segunda le llevó el arma que tenía registrada a su nombre y que su «jefe» le había pedido.
De la pistola Bersa calibre 22 a nombre de Lagomarsino salió el disparo que perforó la sien derecha de Nisman y que le quitó la vida en el baño de su departamento del barrio Puerto Madero, de Capital Federal.
El magistrado también procesó a cuatro custodios de Nisman, a quienes acusó de posibilitar «la concreción del hecho ocurrido entre las 20 del sábado 17 de enero de 2015 y las 10 del domingo 18».
A pesar de tener un partícipe necesario identificado y cuatro supuestos encubridores, ni Ercolini ni el fiscal Taiano lograron determinar aún quién habría asesinado a Nisman ni cómo el supuesto ejecutor logró entrar y salir del departamento sin dejar rastros.

La causa
Entre las pruebas que espera la Justicia, el juez y el fiscal aguardan las respuestas del requerimiento realizado a Estados Unidos para que brinde información sobre dos cuentas de mails de Nisman, de las cuales sólo se recibieron informes parciales, al tiempo que buscan saber si el ex fiscal tuvo su teléfono intervenido judicialmente en el marco de algún expediente.

El fiscal Nisman apareció muerto en el baño de su casa cuatro días después de denunciar a la ex presidenta Cristina Fernández y al ex canciller HéctorTimerman por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA mediante la firma del
Memorándum de Entendimiento con Irán.

La causa llegó al fuero Federal luego de que la anterior instructora, Fabiana Palmaghini, se declaró incompetente inmediatamente después de recibir el testimonio del espía Antonio «Jaime» Stiuso.

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