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Para el procurador bonaerense, debe revocarse el fallo que habilitó domiciliarias

El martes, la Suprema Corte provincial admitió el recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve y suspendió provisionalmente el otorgamiento de beneficios por presunto riesgo de contagio de coronavirus. Se aguarda el fallo sobre el fondo de la cuestión

El procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se expidió en la causa por el hábeas corpus colectivo que ordenó arrestos domiciliarios y le pidió a la Suprema Corte bonaerense que revoque el fallo del juez de Casación Víctor Violini, que habilitó los beneficios.

Al igual que el fiscal Carlos Altuve, Conte Grand estimó que la gravedad institucional del cuadro de situación amerita la intervención de la máxima instancia provincial.

Mediante un dictamen electrónico, el funcionario también consideró ilegal la decisión que tomó el camarista Ricardo Borinsky, quien les indicó a los jueces y tribunales inferiores que acataran la orden del tribunal que integra.

El martes, la Corte Suprema provincial admitió el recurso de queja presentado por Altuve y suspendió provisionalmente el otorgamiento de prisiones domiciliarias a reclusos por presunto riesgo de contagio de coronavirus.

Altuve acudió ante la Corte luego de que la Cámara de Casación Penal bonaerense rechazó la apelación que promovió en contra del decisorio que hizo lugar al hábeas corpus colectivo presentado por los 19 defensores públicos de la jurisdicción.

El agente le reclamó que analizara el caso por la gravedad institucional que implicó la manda de Violini.

Según argumentó, se vulneró la garantía del juez natural que debe conocer en la situación de privación de libertad de los encausados que están a su disposición, al otorgarle el arresto domiciliario a un número indeterminado de personas.

Al apelar, sin éxito, Altuve cuestionó la forma como se implementó el decisorio y el hecho de que no precisó cómo evaluar si un delito es leve.

Para el recurrente, Violini resolvió extra petita porque con sus recomendaciones a los jueces inferiores incluyó a más internos.

En tanto, recordó que antes del recurso colectivo ya se habían admitido pedidos individuales.

Con esas premisas, solicitó que dejaran de disponerse salidas, pero la Casación consideró que mientras durara el trámite del recurso la sentencia en crisis debía acatarse.

El fiscal no tuvo éxito ante la máxima instancia en lo Criminal provincial y acudió a la Suprema Corte, que aceptó tratar su recurso y analizará si cabe revocar el hábeas corpus colectivo.

Antes de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, los jueces Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Torres y Eduardo de Lázzari le requirieron a la inferior la inmediata remisión del expediente a fin de que Conte Grand y el defensor General Mario Coriolano dictaminaran.

“Provocación”

Las domiciliarias ordenadas, en algunos casos generaron más críticas del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien volvió a responsabilizar al Poder Judicial y desligó al Ejecutivo. “Una cosa es sugerir y otra ejecutar”, sostuvo.

Paralelamente, denunció que muchos de los beneficiados no integran el grupo de riesgo. “Mandar a un violador a prisión domiciliaria a media cuadra de su víctima es un acto de provocación”, enfatizó.

Además, dijo que los internos que ya salieron lo hicieron sin control. “Nadie sabe a quién se liberó, dónde está, qué hizo”, planteó.

Hace 15 días, el propio Conde Grand reconoció que la supervisión de los presos era un problema y que no había certeza de que no se dieran a la fuga.

En la provincia que gobierna Axel Kicillof, el primer positivo por Covid-19 en la Unidad 23 de Florencio Varela derivó en un motín que dejó un saldo de un muerto y 40 heridos.

Además, unos 1.500 internos comenzaron una huelga de hambre para que se cumpliera el polémico fallo dictado el 8 de abril por Cámara de Casación Penal bonaerense, ahora suspendido.

 

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