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Pacto de silencio: dos rugbiers más se negaron a declarar

Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino se presentaron ante la fiscal de la causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Están acusados de ser partícipes necesarios del homicidio

Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, los dos rugbiers que fueron liberados hace diez días pero continúan vinculados a la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, se negaron a declarar ante la fiscal del caso, tras lo cual se retiraron de la sede judicial junto a su abogado Hugo Tomei.

Si bien el 10 de febrero último ambos rugbiers fueron beneficiados con el cese de la prisión preventiva y por eso quedaron libres, siguen siendo imputados.

Milanesi y Guarino, de 19 años cada uno, habían llegado a la sede de la Fiscalía N°6 en un mismo automóvil y acompañados por su madre y su padre, respectivamente, y por su abogado, que ya presentó la apelación a las prisiones preventivas de los otros ocho acusados.

Ambos declararon un día después de que los demás integrantes del grupo cuestionaran a la fiscal por haberles permitido leer la acusación en su contra. al respecto, los acusados afirmaron que la fiscal les “mintió”, consideraron que están siendo “condenados” por los medios y por la sociedad y denunciaron que  son amenazados por otros presos en la cárcel.

Si bien se había especulado con la posibilidad de un cambio de defensa en función de mantener una estrategia distinta a la de los ocho detenidos, Tomei, el abogado que defiende a los 10 acusados, los acompañó de nuevo.

La fiscal Zamboni leyó a Milanesi y Guarino el cargo por participación necesaria en el homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas -por el que ya se habían negado a declarar-, y ahora también agravado por alevosía, calificación incorporada el pasado viernes por el juez David Mancinelli.

Según la fiscal, ambos son partícipes necesarios del crimen de Báez Sosa, mientras que los restantes acusados, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Enzo Comelli, quienes permanecen detenidos en Dolores, son considerados coautores

En la nueva acusación, se les imputa también el delito de lesiones leves contra cinco amigos de Báez Sosa, todos agredidos por varios de los acusados a pocos metros de donde era cometido el asesinato.

Antes de comenzar la audiencia, Tomei pidió en primer término que las indagatorias sean grabadas, lo cual fue rechazado por la fiscal. 

Preventiva

Paralelamente a las indagatorias, la defensa de los rugbiers apeló la prisión preventiva dispuesta para los ocho detenidos por el caso, por lo que ahora será la Cámara de Apelaciones de Dolores la que deba confirmar o modificar la situación de los imputados.

La Sala I de dicho tribunal, que está integrada por los camaristas Fernando Sotelo, Luis De Felitto y Susana Yaltone, es la designada para actuar en el expediente.

El recurso de apelación insiste en los planteos de nulidad realizados por Tomei. 

La defensa planteó su disconformidad con la resolución del juez David Mancinelli respecto de las nulidades sobre presuntas irregularidades por parte de la fiscalía, las cuales ya habían sido presentadas en la audiencia preliminar del jueves de la semana pasada en un escrito.

Hace una semana, el juez Mancinelli avaló la investigación de la fiscal Verónica Zamboni y dictó la prisión preventiva para ocho de los acusados por el delito de “homicidio doblemente agravado”, que prevé una pena de prisión perpetua.

Al agravante “concurso premeditado de más de dos personas” utilizados por la fiscal en la acusación, Mancinelli le sumó el de la alevosía, ya que consideró que a Báez Sosa lo mataron “en total estado de indefensión”.

Al momento de fundamentar que los rugbiers continúen detenidos, Mancinelli valoró varias cuestiones: la pena en expectativa de prisión perpetua, el “desprecio por la vida” que evidenciaron, el haber incriminado a un inocente y los mensajes de WhatsApp donde informaron que la víctima “caducó” y ordenaban no hablar del tema con nadie.

Además, consideró que existen peligros procesales que justifican el encarcelamiento preventivo de los sospechosos, como el riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio.