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Ordenan medidas en beneficio del colectivo trans

El juez porteño Andrés Gallardo le impuso pasos a seguir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tales como garantizar el acceso a la vivienda y poner en marcha una política pública de empleo

El magistrado porteño Andrés Gallardo, titular del Juzgado Número 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, admitió un amparo y le ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) relevar a las personas que conforman el colectivo trans; diseñar un plan de política pública dirigido a aquéllas y otorgarles un subsidio monetario a quienes lo reclamen mediante la inclusión en alguno de los programas existentes, cuyas cuotas deberán ser suficientes para cubrir el valor íntegro del alquiler de una casa o, en caso de ser necesario, prestar asistencia en la búsqueda de alojamiento.
El juez subrayó que la declaración de Principios de Yogyakarta (sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género) establece específicamente el derecho a una vivienda adecuada que implique la protección contra el desalojo.
En ese sentido, entendió que la normativa “obliga al Estado a asegurar el acceso a una vivienda habitable, accesible, apropiada y segura, mediante programas sociales y de apoyo que palíen la vulnerabilidad relacionada con los factores vinculados a la orientación sexual y a la identidad de género, a la carencia de hogar, a la exclusión social, a la violencia doméstica y de otra índole, a la discriminación, a la falta de independencia financiera y al rechazo por parte de familias o comunidades culturales”.

Paralelamente, destacó que la ley 26743 reconoció el derecho a la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.
También indicó que el artículo 11 de la Constitución de la CABA expresamente reconoce y garantiza el “derecho a ser diferente” y que no admite discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o “cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”.
En otro tramo de su decisorio, Gallardo citó el informe que elaboró la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires sobre el acceso a la vivienda para las mujeres trans, que concluyó que la regla es la precariedad habitacional y enfatizó que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) informó que 80 por ciento trabaja informalmente.
También consignó los datos que surgen de una investigación realizada por el Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa porteño, que detalla que 65,1 por ciento del colectivo vive en cuartos de alquiler de hoteles, casas particulares, pensiones, departamentos “tomados o irregulares”; que sólo 5,9 por ciento cuenta con un hogar propio y que la mayoría no logra acceder a subsidios habitacionales, toda vez que no cumplen con los requisitos que se exigen, como un recibo de alquiler.

“El grupo de personas trans se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad social, por cuanto no tiene garantizada condiciones dignas de vivienda, no logra acceder al mercado formal de trabajo, debe ejercer la prostitución como única fuente de ingresos, posee baja expectativa de vida -aproximadamente 45 años de edad- y padece discriminación”, resaltó Gallardo, acotando que las respuestas por parte del Estado son insuficientes a fin de subvertir su situación socioeconómica.
“La legislación nacional, local y convencional no puede ser meramente declarativa”, enfatizó, agregando que “las y los trans pobres” son doblemente marginados, valorado que se les debe dar una respuesta.

Primera guía
• Mañana se presenta en la CABA la primera guía sobre “Infancias y adolescencias trans y de género variable”, un trabajo editado con el apoyo de Unicef Argentina, entre otras organizaciones.
• El texto incluye la experiencia del servicio que presta el Gobierno de Santa Fe, inédito en América Latina, acompañando a más de 140 niños y niñas trans y a sus familias.
• La publicación de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual santafesina brinda herramientas para que los equipos educativos, de salud y protección social “puedan garantizar la plena vigencia del derecho a la identidad de género del todas las infancias y adolescencias gozan en el marco de la Convención de los Derechos del niño”.
• La guía relata también los resultados del proyecto “Género y Familia” en aquella provincia. Desde su creación, en 2017, acompañó a 140 infantes y a sus entornos afectivos y vinculares en el camino de una construcción afirmativa de la identidad de género, promoviendo infancias felices y libres de discriminación y prejuicio.
• El subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe, Esteban Paulón, expuso que los tres años de trabajo en la materia constituyen “un antes y un después en el abordaje del Estado”.
• En esa linea, recordó que según una encuesta reciente a la población trans santafesina, 70 por ciento autopercibió su identidad de género entre los cero y 12 años, pero sólo 12,3 por ciento pudo expresarlo en tiempo real. “Esto determina infancias que se transitan con enorme angustia, exclusión y vulneración de derechos y que llevaron a casi la mitad de las personas entrevistadas a, al menos, un intento de suicidio”, dijo.

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