Ordenan a un banco mejorar la tasa de interés de un plazo fijo de una cuenta judicial

El tribunal observó que aun en su carácter de agente financiero -que calificó de monopólico-, el BPC no podría apartarse de las tasas de mercado en perjuicio del justiciable, con quien el Estado provincial tiene un compromiso insoslayable de afianzar sus derechos y el servicio de justicia [privado] Con sustento en las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en la Ley Entidades Financieras, la Cámara Civil y Comercial de 9ª Nominación de Córdoba ordenó al Banco Provincia de Córdoba (BPC) que, al momento de renovar el plazo fijo de origen judicial, derivado de fondos pertenecientes a un proceso falencial, equipare la tasa de interés derivada de éste a la publicitada por esa misma entidad para el plazo fijo a 30 días renovable automáticamente para particulares. El tribunal integrado por Jorge Arrambide, María Mónica Puga de Juncos y Verónica Martínez consideró que era imprescindible analizar el marco de la custodia de fondos judiciales y también el de las inversiones de éstos, con especial referencia a los fondos de los procesos concursales, que tienen su propia referencia en la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ). Además, resaltó que es facultad expresa y específica del juez de la quiebra, en tanto director del proceso, disponer lo necesario para lograr la inversión rentable a la que alude el art. 183, LCQ. También afirmó: “Los depósitos judiciales han sido calificados como un depósito irregular, que no engasta lisa y llanamente en una operación financiera, puesto que resultan en la custodia de los fondos que ingresan a los expedientes judiciales y que por una cuestión de necesidad derivada de la imposibilidad de hacerlo por el propio Poder Judicial, se derivan a la entidad financiera requerida”. Al respecto, detacó que los depósitos judiciales, como tales, integran la prestación del servicio de justicia, puesto que nacen como consecuencia de esa actividad y por ende no están sujetos a un contrato entre particulares. Luego, sostuvo que no era aceptable el agravio del banco en cuanto justificaba su accionar al fijar tasas diferenciales -negativas- para las imposiciones a plazo de fondos judiciales en que lo mencionado había sido reconocido y aceptado implícitamente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al reconocer gastos de mantenimiento en las cuentas judiciales cuando, a tenor de la normativa del BCRA, éstas son gratuitas. Después de analizar las normas del BCRA concluyó que esa entidad tiene potestad para fijar las tasas de interés de acuerdo con el tipo de imposición, observando que si bien -como afirmaba el Banco de Córdoba- ello no es facultad de los tribunales, sí es imperativo de la jurisdicción controlar que la actividad de esta entidad como de cualquiera otra, se ajuste al cumplimiento de la ley, en cuyo concepto también recaen las resoluciones propias de la facultad del BCRA en esa calidad de superintendente y órgano de aplicación de la ley 21526 de Entidades Financieras (LEF). Se consideró que el interés fijado por el Central, inferior al pactado para otras inversiones de la misma naturaleza, resultaba “discriminatorio, notorio e infundado”, que producía un “muy serio menoscabo” a los intereses de los justiciables que no se podía convalidar, y subrayó “la real pérdida del valor adquisitivo de los fondos cautelados”. Afirmó el tribunal: “Ante la notoria desproporción, no cabe sino calificar lo actuado como un abuso del derecho y así el tribunal se ve conminado a superarlo”, resolvió readecuar la resolución y ordenar al Banco de Córdoba que se someta en relación con las inversiones de marras al cumplimiento de la LEF y normativa financiera citada, así como a las directivas impartidas por el BCRA y, en función de ello, disponer al vencimiento de los plazos fijos existentes en autos. Autos: “LUNA María Cecilia –Quiebra propia simple- CUERPO DE COPIA A LOS FINES DE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA” (Expte. nº 6213277) [/privado]

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