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Obra pública: el fiscal pidió que no se suspenda el inicio del juicio a Cristina

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El ministro Germán Garavano dudó del requerimiento formulado por la Corte para que se remita el expediente y lo calificó como un fallo con “un tinte político”. La Oficina Anticorrupción también
reclamó que el proceso comience en la fecha pautada

El fiscal federal Diego Luciani le solicitó ayer al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que no suspenda el inicio del juicio oral a la ex presidente Cristina Fernández y que el proceso comience el próximo martes. El pedido fue solicitado luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió al tribunal que le envíe la causa completa.
En su escrito, el fiscal requirió a los magistrados que cuando remitan el expediente al Máximo Tribunal le solicite que proceda a la devolución de las actuaciones con “antelación suficiente» para que el juicio pueda comenzar como estaba previsto.
«Entiendo que, en caso de que ese tiempo sea insuficiente para realizar su compulsa y/o para extraer copias de las piezas procesales que considere menester, solicito que se haga saber a los Ministros de la Corte que las presentes actuaciones han sido en su totalidad digitalizadas para agilizar la tarea de todos los operadores judiciales y de las partes», agregó el fiscal en su presentación de cuatro páginas.

De esta manera, Luciani intenta evitar una nueva postergación del juicio por la causa conocida como “Vialidad” y por la que se encuentra detenido el empresario santacruceño Lázaro Báez.
Luciani indicó que se enteró de la medida de la Corte Suprema mediante de publicaciones periodísticas. Según el fiscal, la mera interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema no suspende el trámite del proceso.
«En reiterados dictámenes efectuados en el marco de la presente causa, a los que me remito en un todo, he puesto de manifiesto la importancia de conjugar esfuerzos con la finalidad de que se realice el juicio oral y público y se logre adoptar una decisión que, por un lado, ponga fin a la incertidumbre que, para las personas que resultan imputadas, genera la existencia del proceso penal; y que, por el otro, se arribe a un pronunciamiento judicial sobre los graves hechos de corrupción que constituyen la base fáctica del presente expediente», sostuvo el fiscal.
En el mismo sentido, la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso presentó un pedido al TOF 2 para que no se demore el inicio del debate. Según el organismo, la decisión de la Corte «no es un obstáculo» para el inicio del proceso.
«Una nueva postergación del inicio del juicio de un gravísimo caso de corrupción administrativa como el que aquí se ventila rayaría con un injustificado incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino de proceder al efectivo juzgamiento y dictado de fallo en casos de corrupción», indicó el escrito.

Rechazo del Gobierno
La decisión adoptada el martes por la Corte Suprema generó rechazo y fuertes críticas del gobierno de Mauricio Macri.

Para el ministro de Justicia Germán Garavano, la decisión del Máximo Tribunal “tiene un condimento político muy grande” y aseguró que se trata de un fallo “muy inusual”.
Concretamente, lo que la Corte solicitó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 fue el cuerpo principal de la causa “Vialidad”, para determinar si existen errores procesales en el expediente.
El requerimiento se realizó a raíz de un pedido de la ex presidente, imputada en la investigación. La resolución de la Corte contó con el aval de los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes pidieron “con carácter de urgente” el expediente al TOF 2 para analizar las intervenciones de la Cámara de Casación durante el proceso y determinar si los planteos hechos por los acusados son admisibles.
En esta causa están procesados, además de la ex mandataria, el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y el empresario Báez, ambos detenidos, entre otros imputados. Entre los pedidos de prueba que formuló Cristina Fernández figura una auditoría sobre todas las obras públicas que se ejecutaron durante los 12 años de su gobierno y del de Néstor Kirchner.

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