Multa de 30% del pleito por inconducta procesal

El tribunal concluyó que los demandados incurrieron en actitud maliciosa y perturbadora, al plantear obstáculos procesales para evitar la ejecución de honorarios de la contraria El Juzgado Civil y Comercial de 46ª Nominación de la ciudad de Córdoba multó a la parte demandada por la conducta “dilatoria, maliciosa y perturbadora” asumida ante la ejecución de honorarios de la parte actora, cuantificando la misma en 30% del monto del pleito. [privado] El titular del juzgado Héctor Daniel Suárez recordó que ante la ejecución de los honorarios presentados por el abogado Juan Carlos Vélez Funes, los demandados Mónica Ester Aliaga Martínez de Ferreyra y Luis Fernando Ferreyra Viramonte dedujeron “falsedad de la ejecutoría”, argumentando que el título para hacerlo no se encontraba firme y ejecutoriado por razones sobre las cuales, en definitiva, el juez concluyó que no hicieron a la naturaleza de ese proceso. Análisis En esa dirección, el magistrado analizó si en el curso del proceso los demandados incurrieron en las inconductas procesales señaladas por la contraria. “Lo decisivo para resolver la cuestión es la consciente voluntad dilatoria en que se colocan los demandados”, destacó, y agregó que, ello así porque de manera expresa se manifestaron conocedores que, en ese tipo de proceso, no puede ingresarse a la causa de la obligación y que se debe recurrir a la vía del juicio ordinario posterior si se pretende tal actividad jurisdiccional. En ese sentido, en el fallo se precisó que el abogado Ferreyra Viramonte planteó en su escrito que el juez no podía resolver cuando se plantean cuestiones que merecen un debate mayor. El magistrado interpretó que la manifestación resultaba “clara y concluyente”, aun reconociendo la naturaleza de la sentencia en este tipo de proceso. Se destacó que insistía con “innumerables peticiones”, para que el tribunal investigue lo que entendía debía investigar en primer lugar y luego que suspendiera el dictado de la sentencia por denuncias efectuadas en sede penal. Frente a ello, el juez Suárez sostuvo: “Tal conducta se proyecta sin duda alguna en dilatoria”. Resaltó que se observaba a modo de ejemplo el escrito en el cual solicitó la suspensión del dictado de la sentencia; reiteró su pretensión suspensiva; dedujo Reposición contra el proveído que negó la suspensión del dictado de la sentencia e insistía en tal posición. Nulidades El magistrado añadió que, al mismo tiempo, Ferreyra Viramonte planteó nulidades procesales sobre cuestiones ya resueltas “reiteradamente” y que al declararse conocedores los demandados de la validez formal de la sentencia, y no obstante ello efectuar cuestionamientos y peticiones “claramente improponibles” que llevaron a la demora injustificada del proceso, los demandados incurrieron en conducta maliciosa sancionada por el ritual. La decisión del sentenciante concluyó: “En la malicia hay dolo, y éste se identifica con el conocimiento de la sinrazón del planteamiento, y en consecuente daño a la celeridad del proceso que se efectiviza indefectiblemente, en daño a la contraparte”. El tribunal evaluó que el temperamento adoptado por los accionados en el proceso, a su vez, era “claramente perturbador” y sostuvo que la parte demandada hizo transitar a la contraparte y al tribunal por “un camino que ha impedido el buen orden del proceso”. Al respecto, insistió: “Cada presentación de la mencionada parte ha debido ser atendida por el tribunal, previo escuchar a la actora, con el correspondiente dispendio de trabajo y tiempo, especialmente cuando se conocía de antemano por el demandado, la sinrazón de su petición”. El juez detalló que cuando las presentaciones le eran adversas, el demandado denunciaba o “agredía conceptualmente” al magistrado o funcionarios actuantes. Por lo expuesto, el juez entendió que la demandada incurrió en inconductas previstas en el art. 83 del Código Procesal Civil, correspondiendo en consecuencia condenarlas de manera solidaria (ambos accionados), al abono de la sanción allí prevista. Cuantificación Al cuantificar la multa, Suárez consideró que por la gravedad de las faltas cometidas -“realizadas a conciencia, con reiteración durante todo el proceso y con el daño provocado a la celeridad con que se debe actuar en estos juicios”, según afirmó el magistrado-, resultaba razonable aplicar a los demandados Mónica Ester Aliaga Martínez de Ferreyra y Luis Fernando Ferreyra Viramonte, el equivalente a 30% del valor económico del juicio. El juez entendió que estaba dado por la suma reclamada y sus intereses a la fecha de la decisión y destacó que realizadas las “operaciones matemáticas de rigor” la suma reclamada con más los intereses era de $112.886,34, que al aplicarle el porcentaje antes referido, ascendía a $33.865,99. Autos: VÉLEZ FUNES, JUAN CARLOS C/ ALIAGA MARTÍNEZ DE FERREYRA, MÓNICA ESTER Y OTRO – EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS, Expte. 61258 [/privado]

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