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Mantienen la acusación contra narcotraficantes que usaban un campo como “pantalla”

MONTAJE. Los encausados fingían que eran productores rurales.

Los encartados son extranjeros y aparentaban dedicarse a tareas de producción frutihortícola en un predio rural de la localidad de Batán, cerca de Mar del Plata. Allí fraccionaban y “estiraban” la cocaína que luego vendían

En Mar del Plata, el fiscal General Daniel Adler mantuvo la acusación en contra de los integrantes de una banda narco que usaba un emprendimiento agrícola ubicado en Batán, a unos 15 kilómetros de la ciudad turística, como “pantalla”.

Durante la pesquisa se concretaron

intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia en los campos, seguimientos de vehículos y allanamientos y se secuestraron 15 kilos de clorhidrato de cocaína, junto a otros elementos de interés.

Se determinó que la organización acopiaba y fraccionaba la droga que, según se sospecha, provenía de Bolivia, para distribuirla en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) rechazó los agravios de los abogados de los seis encausados -quienes, en líneas generales, apuntaron a la supuesta ausencia de elementos probatorios que acreditaran la participación de sus asistidos en los hechos, la calificación legal y las medidas de coerción impuestas- y dictaminó a favor de que se confirmen sus procesamientos.

La investigación desarrollada por la Fiscalía Federal Número 2 logró determinar que el grupo utilizaba como pantalla la producción y la venta de verduras en un campo, desde donde preparaban y “estiraban” la substancia, que provendría de Bolivia, para luego comercializarla.

Un paso clave fue la detección de una transacción realizada el 1 de octubre de 2019 entre dos de los principales acusados: fue cuando Sergio Gambarte, oriundo de Salta, le entregó dos bultos a Claudia Camacho Soliz, de nacionalidad boliviana, en una rotonda de la autovía 2. Momentos más tarde, al interceptar y registrar la camioneta Hilux en la que se desplazaba la mujer, se encontraron en dos cajas con 67 ladrillos de cocaína envueltos en nylon y cinta de embalar. Esto derivó en otros allanamientos y en la incautación de armas de fuego, municiones de diversos calibres, dinero en efectivo –guaraníes, pesos y dólares-, insumos de pesaje y fraccionamiento, 31 kilos de bicarbonato de socio, 260 kilos de hojas de coca, otros 45 kilos de clorhidrato de cocaína y gran cantidad de vehículos.

A raíz del resultado de los procedimientos, el juez Santiago Inchausti procesó a los miembros de la banda: Gambarte, Camacho Soliz, Lizzet Llanque Barral, Diego Ríos Saavedra, Nelson Alcocer Peredo y Andrea Pacheco Soliz, todos oriundos de Bolivia.

En su dictamen, Adler señaló que se trata de “una organización ilícita destinada al tráfico a gran escala de sustancias estupefacientes” y ello se acreditó por las numerosas tareas de campo realizadas por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como por las intervenciones telefónicas y el resultado de los allanamientos y registros domiciliarios.