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Los tribunales integrados con jurados dictaron 340 sentencias en diez años

Las cámaras del Crimen de las distintas sedes judiciales de la provincia, integradas con jueces y ciudadanos, emitieron entre 2005 y 2014, en total, 294 fallos condenatorios (86%) y 46 absolutorios (14%).

Desde 2005 hasta 2014, los tribunales provinciales integrados con jurados populares dictaron 340 sentencias, cifra que surge del informe estadístico titulado “Jurados Populares en la provincia de Córdoba”, elaborado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Según el relevamiento confeccionado a partir de los datos provistos por la Oficina de Jurados Populares del TSJ, las cámaras del Crimen de las distintas sedes judiciales, integradas con jueces y ciudadanos, emitieron entre 2005 y 2014, en total, 294 sentencias condenatorias (86%) y 46 absolutorias (14%).

Costo
Por otra parte, el informe precisa que en 2014, en 58% de los debates realizados con la participación de jurados populares fueron resueltos casos de homicidio agravado (22 sentencias); en 19%, homicidios en ocasión de robo (7); en 18%, tentativas de homicidio (7) y en el 5% restante delitos económicos y corrupción administrativa (2). En cuanto al costo que implica el sistema, el trabajo puntualiza que durante 2014 se destinó un presupuesto de 2.916.517 pesos para cubrir las erogaciones (por todo concepto), que supone la implementación del mecanismo en la provincia.

En virtud del sistema que rige en Córdoba (ley 9182), los delitos económicos, los hechos de corrupción y los “crímenes aberrantes” deben ser juzgados, obligatoriamente, por un tribunal integrado por tres jueces técnicos y ocho jurados populares titulares.

Éstos deciden, junto a los magistrados, sobre la existencia del hecho delictivo y en lo referente a la responsabilidad penal del imputado. En cambio, no intervienen en las cuestiones de índole estrictamente jurídica, como la calificación legal del hecho y la determinación del monto de la pena.

Carga pública
Si bien la función es una carga pública, las personas convocadas reciben del Estado provincial un monto determinado por día que duren las audiencias de debate, así como los viáticos correspondientes, conforme al régimen de asistencia económica para los jurados populares sorteados para integrar las cámaras del Crimen del Poder Judicial.