ESCUCHARAyer lo decidió la Corte Suprema a efectos de dictar la capacitación obligatoria en género. La directora académica de la oficina par en la provincia, María Esther Cafure de Battistelli, presentó petición al TSJ para que se fije el carácter obligatorio en la Justicia provincial.
Por Carolina Klepp – [email protected]
La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y titular de la Oficina de la Mujer (OM), Elena Highton de Nolasco, firmó ayer un convenio con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Fabiana Túñez, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, a efectos de implementar la capacitación obligatoria en materia de género para el Poder Judicial que establece la “Ley Micaela”.
El INAM, en su carácter de autoridad de aplicación de la norma, reconoció que se dará cumplimiento a la ley 27499 con el Taller de Perspectiva de Género diseñado por la OM.
Por su parte -según especifica el convenio- el Consejo de la Magistratura de la Nación promoverá el dictado de ese taller en todas las dependencias de su jurisdicción y “establecerá los mecanismos apropiados para garantizar el cumplimiento de la ley”.
Durante el acto, que fue transmitido vía Internet a la Red de Oficinas de la Mujer de las justicias provinciales -entre ellas la de Córdoba-, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, subrayó la importancia de la incorporación obligatoria de los talleres de género. «Estamos trabajando sobre la presuposición de que podemos cambiar la prácticas, la cultura y, en definitiva nuestra conciencia», dijo. Asimismo, anunció su participación en el dictado de los primeros talleres e invitó a los presentes a inscribirse.
También, el convenio destaca que «desde hace una década, la Oficina (de la Mujer) brinda cursos y talleres de capacitación en perspectiva de género que fueron validados por el Sistema de Naciones Unidas y declarados como ‘buena práctica’ por la Organización de los Estados Americanos. A partir de su creación, la OM estableció vínculos de cooperación con el resto de las jurisdicciones del país a fin de trabajar en forma integral. Con la creación de las oficinas de la Mujer y de Género, más el sistema de designación por los Superiores Tribunales y Cortes de referentes de la Oficina de la Mujer de la CSJN en todo el país, es posible llevar adelante las políticas públicas de género de manera articulada y conforme con los estándares internacionales en la materia”.
En Córdoba
La directora académica de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial provincial, María Esther Cafure de Battistelli, presentó ayer la petición al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que éste fije -mediante una acordada- el carácter obligatorio en la Justicia cordobesa. Así lo confirmó la exvocal del TSJ a Comercio y Justicia, quien además recordó que los talleres con perspectiva de género ya están en marcha hace tiempo en Córdoba, tanto en su formato presencial como virtual. Lo que cambiará con la efectivización de la Ley Micaela es el carácter: obligatorio.
Según describió Cafure de Batistelli, en el marco del convenio firmado ayer por la Corte se difundieron los datos de un relevamiento realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) entre las oficinas de la Mujer de todas las jurisdicciones del país. Uno de los datos, coincidente en el escenario nacional y local, es que del total de mujeres en los poderes judiciales, 60% asistió a talleres con perspectiva de género.
En tanto que, del total de varones en la Justicia, sólo 30% se capacitó en la materia. También se informó que ya tres poderes judiciales provinciales -Chubut, Río Negro y Neuquén- tiene la capacitación obligatoria fijada a través de acordadas de sus tribunales superiores.
Cambio cultural
Lo que dejó el femicidio de Micaela
La denominada Ley Micaela alude al femicidio ocurrido en Gualeguay (Entre Ríos), en 2017. La víctima, Micaela García (21), era estudiante de Educación Física y fue reportada como desaparecida el 1 de abril. Su cuerpo apareció sin vida y con signos de violación el 8 de ese mes cuando el principal sospechoso, Sebastián José Luis Wagner, aportó datos sobre su paradero. Wagner, quien posteriormente confesó el crimen, es un exconvicto por delitos de violación que había sido condenado a nueve años de prisión pero gozaba del beneficio de libertad condicional.La ley “Micaela” establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías abarcando la estructura de los tres poderes del Estado, como también sus organismos descentralizados.
Talleres, protocolos y materiales para cumplir la ley
– La CSJN, por medio de la Oficina de la Mujer, desarrollará un programa de capacitación de personas replicadoras presenciales y tutoras virtuales del mencionado taller, y proporcionará los protocolos, materiales audiovisuales, formato virtual y soporte técnico a todas las dependencias judiciales del país que así lo requieran, para cumplimiento de la ley.
