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La sentencia por megacausa de La Perla reunirá a miles de personas

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Un fuerte operativo de seguridad custodiará los alrededores de los Tribunales Federales. Organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y gremiales asistirán al lugar. Afuera habrá un pantalla gigante para quienes sigan la lectura del fallo

Tres años y nueve meses después, al cabo de 352 audiencias, se conocerá hoy el veredicto de la denominada megacausa de La Perla.
A partir de las 11, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba se pronunciará en torno a la responsabilidad de los 43 acusados por los crímenes que afectaron a 716 víctimas en la jurisdicción del Cuerpo III del Ejército.
El escenario del veredicto será la sala del primer piso de los tribunales federales de Córdoba, en el mismo lugar donde se realizaron las audiencias -a razón de tres por semana- durante todo el juicio oral. Se espera que una multitud de personas llegue hasta las inmediaciones de los tribunales federales: organizaciones estudiantiles, gremiales y políticas dirán “presente”. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, confirmó su asistencia; también lo hará su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo. Desde Buenos Aires, Estela de Carlotto ratificó que viajará para participar de la última audiencia en el séptimo juicio de la lesa humanidad de Córdoba.
Fuera de los Tribunales, habrá una pantalla gigante para que los asistentes puedan seguir la lectura de la sentencia, que se estima no durará menos de dos horas. Habrá doble vallado y gran cantidad de policías custodiarán el lugar.
Se trata de un juicio histórico en el que, por primera vez, se analizaron los crímenes de lesa humanidad ocurridos incluso antes de la dictadura militar. Se analizó la actuación del Destacamento de Inteligencia 141, de la Dirección de Investigaciones de la Policía (D2) y del “Comando Libertadores de América”, que actuó durante 1975 y comienzos de 1976.
También, por primera vez, se juzgó la sustracción del nieto de Sonia Torres, presidenta de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. Otro dato relevante de la sentencia es que resolverá sobre la usurpación y el robo de toda la empresa cordobesa Mackentor SA, ocurrida en el año 1977.
Es una megacausa en la que se unificaron 22 expedientes que se tramitaron de forma separada en la etapa de instrucción. Un total de 16 inició el juicio, otros cinco se acumularon a comienzos de 2014 y el último se sumó en septiembre.

Caras repetidas
Entre los 43 imputados, figuran Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército; Héctor Pedro Vergez y Ernesto “Nabo” Barreiro, quien recibirá su primera condena por delitos cometidos en los centros de detención clandestinos (ver aparte).
Por primera vez, Menéndez es acusado por el robo de bebés. Para la Fiscalía está acreditado que fue el autor mediato de la sustracción del nieto de Torres.
Al hacer uso de la última palabra, Menéndez dijo que el bebé “no nació” y que, si lo hizo, él no tuvo que ver con su desaparición. “éste es un juicio en el que los delincuentes acusan a las fuerzas legales y se presentan a la Justicia diciendo que son las víctimas. No hubo represión ilegal alguna”, señaló .
Pese a los dichos de Menéndez, el fiscal Facundo Trotta pidió para él la prisión perpetua, al considerar probado que fue autor mediato de 670 hechos de privación ilegítima de la libertad, 655 de tormentos, 331 homicidios y otros delitos de lesa humanidad.
La misma pena solicitó para otros 34 acusados entre los que se encuentran Ernesto Barreiro, Jorge Acosta, Jorge González Navarro, Jorge Gorleri, Héctor Chilo, Luis Martella, Carlos Lucena, Héctor Vergés, Luis Diedrich, Héctor Romero y Arnaldo López.
Para los otros diez imputados, la Fiscalía reclamó penas de entre tres y 25 años de prisión. Cabe destacar que el debate comenzó con 57 acusados, de los cuales 11 murieron a lo largo del proceso.

Centenares de víctimas
De las 716 víctimas de la causa, 293 fueron asesinadas y se encuentran desaparecidas (13 fallecieron como consecuencia de las torturas que sufrieron en el campo de concentración y exterminio La Perla), 67 fueron asesi nadas y sus cuerpos fueron encontrados, mientras que las demás víctimas sobrevivieron a los campos de concentración.
Pasaron por la sala de audiencias 581 testigos que declararon ante el Tribunal que preside el juez Jaime Díaz Gavier e integran Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu.

Robo de bebés
La causa de Sonia Torres

Silvina Mónica Parodi de Orozco, de 20 años de edad y embarazada de seis meses y medio, y su esposo Daniel Francisco Orozco, de 22 años de edad, ambos estudiantes de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba, fueron secuestrados de su domicilio de barrio Alta Córdoba. Luego fueron trasladados al Centro Clandestino de Detención y Exterminio denominado “La Perla”, perteneciente al III Cuerpo del Ejército.
Los primeros días de abril Silvina fue trasladada al Buen Pastor, mientras a Daniel lo mantuvieron en La Perla. Del Buen Pastor, Silvina habría sido nuevamente trasladada y, luego de tener su bebé, fue llevada de nuevo al Buen Pastor, donde permaneció hasta fines de julio, cuando fue retirada para ser asesinada.
Su hijo nacido en cautiverio fue sustraído a su familia biológica y desde entonces sus familiares y las Abuelas de Plaza de Mayo lo buscan desesperadamente.

Barreiro recibirá su primera condena en Córdoba

El ex carapintada y jefe de La Perla fue extraditado hace seis años, después de la
anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Terminó el juicio sin romper el pacto de silencio, pese a que en una audiencia entregó una lista con supuestos lugares de enterramientos

Por primera vez, Ernesto “Nabo” Barreiro” será condenado por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla y otros campos de concentración en Córdoba.
Con 68 años, Barreiro, también conocido com “el Gringo”, a diferencia de sus pares, siempre supo tejer alianzas políticas y mantuvo un sólido poder que tuvo su pico máximo en la Semana Santa de 1987, cuando lideró el alzamiento carapintada.
Fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida y dado de baja del Ejército por sedición. Estuvo prófugo de la justicia hasta el año 2007, cuando fue deportado de Estados Unidos y entregado a las autoridades argentinas tras la anulación de los indultos. En 2012, fue trasladado a Córdoba para ser sometido a juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla.
Se encuentra detenido y procesado en numerosas causas por violaciones de derechos humanos. En este juicio tiene pedido de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas como imputado por coautor y autor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad (dos hechos), privación ilegítima de la libertad agravada (548 hechos), imposición de tormentos agravados (532 hechos), homicidio calificado (264 hechos), sustracción de menor, (un hecho) y tormento seguido de muerte, (un hecho), todos ellos en concurso real.
El año pasado, ante el periodista español Vicente Romero, quien lo entrevistó para el diario El Mundo, había manifestado su intención de admitir sus responsabilidades durante la última dictadura. “Hice lo que tenía que hacer” y “no debió haber desaparecidos, sino fusilados”, fueron algunas de las expresiones en aquel reportaje.
“Teníamos todo perfectamente detallado”, dijo en la entrevista, donde admitió el uso de la picana y otros “métodos de interrogatorio no ortodoxos”. “Nuestras órdenes eran obtener información como fuera”, afirmó.

Una burla
El 10 de diciembre de 2014, Día de los Derechos Humanos, se puso de pie y les pidió a los jueces que desalojaran la sala de audiencias. Les entregó una lista con supuestos lugares de enterramientos clandestinos en predios del Tercer Cuerpo de Ejército.
La novedad causó estupor y gran expectativa entre los presentes. De inmediato, el Tribunal ordenó una inspección en el terreno pero, al llegar a las zonas marcadas, el ex mayor dijo que “estaba todo cambiado” y que no reconocía el sector. Su supuesta intención de romper el silencio quedó trunca. En este megajuicio, tanto él como sus pares mantuvieron el pacto de silencio. La deuda pendiente sigue siendo saber dónde están los cuerpos fusilados y torturados y qué hicieron con los bebés que fueron robados.



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