ESCUCHAREl Gobierno de San Luis demandó al Estado Nacional, a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) ante la Justicia Federal por el incremento en las tarifas del gas.
El recurso de amparo fue presentado por el fiscal de Estado, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz.
Los funcionarios provinciales calificaron como «inconstitucional e inaplicable» el aumento en la tarifa del gas y sostuvieron que la demanda pretende proteger de las subas a clientes, usuarios, beneficiarios, instituciones públicas provinciales y consumidores más vulnerables.
Los fundamentos de la presentación tienen raíz en la «inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas» por parte de las empresas, y que ellas trasladen esos costos a la tarifa final que llega al usuario.
Para el Estado provincial, esa determinación viola derechos de los consumidores y -específicamente- lo dispuesto en los Arts. 1, 14, 16, 17, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Montiel Díaz consideró que las subas afectan la razonabilidad, gradualidad y racionalidad, criterios de validez y legalidad de tarifas que, según expuso, fueron impuestos por la Corte Suprema de Justicia en sus recientes fallos.
Por su parte, Allende destacó que debe acogerse favorablemente la acción «en beneficio de los derechos de usuarios y consumidores», para garantizar la continuidad de la prestación de servicios esenciales vinculados a la salud y a la educación, entre otros”.
El aumento de servicios públicos derivado de garantizar ganancias en dólares a las empresas constituye un cargo que no tiene respaldo legal y violenta la valoración político-constitucional de la moneda como manifestación de soberanía», valoró. “Afecta -agregó- lo dispuesto en el inciso 19 del Art. 75, conocido como la ‘Cláusula del progreso económico y social’, donde se establece que corresponde al Congreso proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda».
«La dolarización de facto de cualquier segmento de la economía es palmariamente inconstitucional», indicó Allende, añadiendo que para la traslación del precio dolarizado del gas no se cumplió con el procedimiento de audiencia pública.
