ESCUCHARPor unanimidad, la Corte Suprema le ordenó al Consejo de la Magistratura que investigue cómo se conformó la Sala I de la Cámara Federal, que liberó a Cristóbal López y a su socio, Fabián de Sousa.
El Máximo Tribunal le envió un oficio al presidente del organismo, Miguel Piedecasas, para que inicie una pesquisa dirigida a esclarecer si hubo alguna irregularidad.
El oficio de la Corte surgió luego de que la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) solicitó que el consejo investigara si hubo “intereses económicos” involucrados en el fallo que excarceló a los dueños del Grupo Indalo.
La Sala de la Cámara que intervino en el caso es la que integran Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, quienes debieron convocar a un tercer juez para desempatar, porque no se habían puesto de acuerdo en varios aspectos.
Para el magistrado Ballestero era preciso cambiar la calificación de administración fraudulenta a retención indebida de tributo y dejar en libertad a López y a De Sousa, mientras que para el juez Bruglia se manifestaba en dirección contraria. El desempate quedó en manos de Eduardo Farah, quien ya había intervenido en una de las causas contra López y se sumó al voto del primero.
“El encarcelamiento de los imputados es incoherente con el criterio adoptado por el mismo juez al mantener la libertad ambulatoria del funcionario público consorte de causa, o el que respecto de ellos mismos se adoptó en otros legajos conexos”, valoró Farah. Los empresarios -contratistas estatales durante la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner- estaban encarcelados cautelarmente desde diciembre, procesados por, presuntamente, retener ocho millones de pesos del impuesto al combustible cobrado por la petrolera Oil Combustibles (del Grupo Indalo) y, con ese dinero, financiar el crecimiento de otras empresas.
En el mismo expediente está procesado el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray.
Activos
Ayer, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió identificar los activos de Echegaray para concretar el embargo de sus bienes.
Además, reiteró el pedido para que se levante el secreto fiscal sobre los bienes de López y De Sousa y las empresas vinculadas al Grupo Indalo que son investigadas por maniobras ilícitas. Pollicita le advirtió al juez Julián Ercolini sobre “una posible dilapidación”.
