ESCUCHAREl Máximo Tribunal llamó a los magistrados a ser prudentes cuando admiten la procedencia de estas medidas, sobre todo si se trata de decisiones que suspenden la aplicación de una ley. El Gobierno avanza ahora en un proyecto que abarque todo el universo de magistrados y funcionarios judiciales
Todos los magistrados, funcionarios y empleados judiciales que asumieron en el cargo desde el 1 de enero de 2017 deberán comenzar a pagar el impuesto a las Ganancias, según lo resolvió ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si bien se especulaba que sólo tres miembros del Máximo Tribunal eran quienes iban a revocar la medida cautelar que había interpuesto la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), finalmente el fallo salió de manera unánime. La cuestión de fondo aún no ha sido resuelta y volverá a primera instancia.
En los fundamentos de la resolución, la Corte entendió que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Administrativo Federal utilizó criterios ”dogmáticos e insuficientes” para admitir la procedencia de la cautelar y, por lo tanto, la decisión fue arbitraria.
Y advirtió a los magistrados que los tribunales -al resolver este tipo de medidas- deben tener especial cuidado toda vez que se trata de decisiones preliminares que, por sus efectos, pueden poner en suspenso una ley vigente y afectar la división de poderes.
En otro tramo de su sentencia, el Tribunal señaló que resulta imprescindible recordar su doctrina, según la cual la misión del juez es aplicar el derecho objetivo con independencia del planteo de las partes, máxime si se trata de obligaciones tributarias, cuya naturaleza es de derecho público no disponible.
Cabe recordar que la AMFJN, al presentar la cautelar, alegó que ningún funcionario de carrera judicial se presentaría en los concursos del Consejo de la Magistratura porque con la aplicación del impuesto ganaría menos como juez que lo que ya ganaba como secretario de un juzgado o una cámara de apelaciones. Estas cuestiones serán ahora motivo de análisis cuando se analice la cuestión de fondo.
Hasta el fallo de la Corte, sólo pagaban el tributo los abogados que se convirtieron en jueces en 2017 y provienen desde fuera del Poder Judicial.
Lo que viene
Conocida la novedad, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, elogió el fallo del Máximo Tribunal. “Estamos muy conformes, la Corte nos dio la razón”, destacó el funcionario nacional.
Y agregó: “Ahora la voluntad del Gobierno es trabajar con los jueces para solucionar esto”. De acuerdo con los trascendidos, la sentencia abrirá un proceso de negociación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para que el resto de los jueces y fiscales se sumen progresivamente a los aportantes. El Gobierno calculó en 6 mil millones de pesos lo que se pierde de recaudar por la exención de los jueces a pagar Ganancias.
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, ya expresó públicamente que, para que todos los jueces -los viejos y los nuevos- paguen Ganancias, se les debería aumentar el sueldo para no afectar la intangibilidad de sus salarios.
En ese sentido, una de las ideas es comenzar a cobrar a los jueces sobre las diferencias salariales (futuros aumentos) y que no se afecte lo que ya ganaban anteriormente.
Paro de actividades
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que lidera Julio Piumato, anunció para mañana un paro de actividades. La decisión fue adoptada luego de que el Gobierno le negó los fondos que había pedido la Corte Suprema para hacer frente al 20 por ciento de aumento previsto en la recomposición salarial de 2018 de los empleados judiciales.
“Repudiamos esta flagrante atropello a la independencia del Poder Judicial. Hasta que no se decida esto, vamos a paralizar la Justicia”, señaló Piumato.
Mediante una nota, firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el Gobierno sostuvo que la modificación de las partidas presupuestarias, tal como fue solicitada por la Corte, “afecta fuertemente los recursos del Tesoro”.
En ese sentido, el jefe de Gabinete pidió que “en un marco de esfuerzos compartidos”, la Corte disponga que el incremento salarial del 10% previsto para diciembre de 2018 “se otorgue en el próximo ejercicio fiscal”, mientras el otro 10%, retroactivo a octubre, queda sujeto a las negociaciones entre los funcionarios del Ministerio de Hacienda y la Corte.
