Inscriben inmueble para que pueda cobrar el abogado

Como la propiedad derivada de la división de bienes nunca se asentó en el Registro General, el letrado consiguió la autorización para realizar los trámites a fin de concretar ese trámite [privado] El titular del Juzgado de Familia de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba, Gabriel Tavip, otorgó la participación solicitada por un letrado en calidad de tercero interesado y lo autorizó a realizar los trámites necesarios para concretar la inscripción de un inmueble. Ello para que lo ingrese definitivamente al patrimonio de su deudora y, finalmente, poder cobrar su crédito. Según las constancias de la causa, en el año 2005 las partes presentaron conjuntamente su divorcio ante la Cámara de Familia de 1ª Nominación de la ciudad de Córdoba y propusieron un plan de liquidación de sus bienes gananciales. Según el acuerdo, el inmueble se adjudicó a la mujer, E.N.R., aunque nunca se inscribió a su nombre en el Registro General de la Provincia. El letrado interesado acreditó que la deuda derivaba de los honorarios regulados por un trámite laboral, en virtud de que E.N.R. inició un juicio por despido en contra su patronal ante la Sala 10ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba. La demanda de la mujer, en definitiva, no prosperó, por lo que en 2016 fue condenada a pagar gastos y honorarios de los abogados de la contraparte. Ante el incumplimiento, el profesional inició en la Justicia civil la ejecución de dichos honorarios y, en el Fuero de Familia, la inscripción del inmueble adjudicado por los ex cónyuges. El magistrado destacó que el Código Civil y Comercial de la Nación habilita al acreedor a iniciar la partición de la masa común si el cónyuge no deudor es el titular de los bienes gananciales, para que pasen al otro cónyuge y, de este modo, garantizar el cobro del monto adeudado y de los intereses generados. De lo contrario, si los bienes están bajo la titularidad del cónyuge que no contrajo la deuda, no podrían ser “atacados” por los acreedores del otro. El juez Tavip –con base en la vieja premisa lógica “quien puede lo más, puede lo menos”- explicó que si el acreedor puede pedir la disolución de la comunidad de ganancias, puede simplemente pedir que el inmueble ya adjudicado voluntariamente por las partes sea debidamente inscripto e ingrese, definitivamente, al patrimonio de su deudora. Por otra parte, el magistrado aclaró que el carácter de vivienda única (bien de familia), alegado por E.N.R., debía ser discutido en una instancia posterior, ya que el incidente en el que intervenía se reducía a determinar si el abogado adquiría o no el carácter de tercero interesado. Autos: “L., L. C. – R., E. N. – DIVORCIO VINCULAR – NO CONTENCIOSO” [/privado]

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