Indemnizan por analogía a contratada municipal

El juez consideró inaplicable el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y se basó en la norma provincial que resarce a los empleados contratados por el Estado provincial al no existir un régimen similar en el municipio [privado] A reencauzar el reclamo indemnizatoria originalmente basado en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) de una kinesióloga que ejerció tareas para la demandada Municipalidad de Pilar mediante contratos sucesivos, la Sala 6ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba aplicó por analogía el régimen indemnizatorio dispuesto para el personal contratado por el artículo 40 de la Ley Provincial 7233, con la modificación introducida por el artículo 1º de la ley 9249 y, en consecuencia, condenó al citado municipio a abonar a la actora la indemnización allí contemplada. Asimismo, el tribunal admitió la entrega de las certificaciones que contempla el art. 12 inc. g), ley 24241. En el caso, María del Carmen Fernandez reclamó las indemnizaciones en cuestión, pero la accionada resistió tal pretensión. Naturaleza La Sala, integrada por el vocal Tomás Enrique Sueldo, señaló que en torno a la naturaleza del vínculo habido entre las partes, la ley 20744, en su artículo 2°, inc. a) prescribe la inaplicabilidad de ese régimen “a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal”, excepto que por acto expreso se los incluya en ella o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. Sin embargo, el juez advirtió que -al tratarse de personal contratado- se debe señalar que, aunque no pueden invocar a su favor la protección que les confiere el derecho a la estabilidad en el empleo, sí tutela su situación jurídica la doctrina que a partir de la interpretación de los alcances del artículo 14 bis de la Constitución nacional ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bajo esa premisa, el fallo indicó que no fue controvertido que la reclamante prestó servicios realizando tareas de kinesiología y fisioterapia, desde el 1 de abril de 1997 hasta el 11 de enero de 2008, agregando que los testigos se manifestaron “en forma coincidente y objetiva, sin incurrir en contradicciones, a las labores descriptas en el libelo inicial y al desempeño bajo la modalidad de contratos de locación de servicios sucesivos”. Estatuto El magistrado resaltó que tales contratos se celebraron conforme la ordenanza Nº 108 del municipio demandado, correspondiente al Estatuto del Empleado Municipal, el cual contempla en su artículo 4º, inciso c) al personal contratado pero prevé en el artículo 7 que será afectado exclusivamente a la realización de servicios que, por su naturaleza y transitoriedad, no puedan ser cumplidos por el personal permanente, observando que “la prolongación en el tiempo derivada de la renovación sucesiva de los contratos de locación de servicios, desnaturaliza el carácter ‘transitorio’ con el que había sido designada Fernández, lo que implica la configuración de una desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de una contratación por tiempo determinado”. Así, el vocal Sueldo concluyó que esa irregularidad en la contratación, sumada a la negativa a la continuidad laboral por parte de la autoridad municipal entrante, ésta basada en una supuesta necesidad de reestructurar del personal “y en una cláusula contractual estereotipada, que se reitera en todos los contratos celebrados, conduce a asignarle la razón a la accionante en cuanto reclama un resarcimiento por la finalización de la relación”. Normativa Sobre el aspecto normativo del resarcimiento, indicó el juez que en el ordenamiento jurídico local, el artículo 40 de la ley provincial 7233, modificado en primer lugar por la pey 9249 (Art. 1), vigente para el caso sometido a decisión, establece en su artículo 40 que “el personal contratado y transitorio, en los términos del artículo 4º incisos c) y d) de la presente ley, que haya prestado servicios en dicho carácter durante más de un (1) año continuo o discontinuo, tendrá derecho a una indemnización cuando la Administración dé por finalizada su relación laboral, la que será equivalente a medio mes de la mejor remuneración percibida durante el último año, por cada año de servicio o fracción superior a tres (3) meses”. Por ello, el fallo consideró que si bien en el orden municipal, su régimen jurídico vigente no previó una indemnización como la contenida en el precepto anterior, definió que la determinación de una indemnización a partir de la aplicación de la solución normativa prevista en el artículo 40 de la ley 7233, con la modificación introducida por el art. 1 de la ley Nº 9249, resulta equitativo para reparar la extinción del vínculo jurídico. Autos: “FERNÁNDEZ MARÍA DEL CARMEN C/ MUNICIPALIDAD DE PILAR -ORDINARIO - DESPIDO (Expte. 3231011)" [/privado]

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