Incendios forestales y rurales: 25 causas, 44 imputados y sólo dos condenas en cinco años

[caption id="attachment_201597" align="alignleft" width="89"] Por Carolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info [/caption] El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales dependiente del Tribunal Superior de Justicia cordobés divulgó la actividad judicial sobre estos delitos entre 2015 y 2019. En lo que va de 2020, hay otras dos causas y se encuentran aún en etapa de investigación los hechos acontecidos en julio y agosto pasados De 25 nuevas causas por incendios forestales y rurales sustanciadas entre 2015 y 2019 en la Justicia cordobesa, hubo un sólo imputado condenado, 11 sobreseídos, 31 aún sin resolución y una internación previsional por inimputablilidad. En el último lustro, se agregó también una condena de causa previa a 2015, sumando entonces apenas un par en el último período relevado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales (CEPJ) dependiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). [privado] Según el registro plasmado en los expedientes de estas causas, en total se vieron afectadas 4.940,37 hectáreas forestales y rurales, y existen 44 imputados por ello. Descripción geográfica De los 25 hechos de incendios descriptos entre 2015 y 2019, se especifica que siete fueron producidos en “Zona rural”, es decir, involucran espacios geográficos destinados a la producción agropecuaria, donde la quema afecta campos cuya explotación es de carácter privada. Por otro lado, hay 18 establecidos como “Zona forestal,” que involucra localidades donde el fuego destruye extensiones de monte y bosque nativo. Según el informe elaborado por Martín Franco y Sebastián Cruz, con la supervisión de Cecilia Angélica Gómez, la única condena de los hechos iniciados en los últimos cinco años fue relativa a un incendio ocurrido en la localidad de La Paz (Dpto. San Javier), donde el fuego afectó 173 hectáreas. El imputado, un jornalero de 23 años, resultó condenado por el artículo 186, inc 1° del Código Penal, en un juicio abreviado, a tres años de prisión de ejecución condicional. En tanto que la otra sentencia, de causa anterior a 2015, fue también en juicio abreviado, con pena condicional de tres años. El informe del CEPJ afirma que del total de hectáreas quemadas, la localidad de Villa de María, en el departamento de Río Seco, fue la de mayor superficie afectada por los incendios investigados, alcanzando las 2.660 hectáreas. Por otro lado, el departamento Punilla es donde con mayor frecuencia se produjeron los hechos: se investigan allí nueve casos, en los que se registran al menos 936,3 hectáreas afectadas. Desempeño Dos de cada tres causas que involucran incendios logran concluir la etapa de investigación para llegar al juicio. No obstante, sólo se ha dictado una sentencia condenatoria sobre los juicios ingresados en el período analizado. Asimismo, hubo una más que recayó sobre una causa iniciada en el año 2014. En la descripción de los imputados por este delito se observa que sólo 4,5% es mujer (dos de 44). También detalla diversidad de ocupación, desde empleado del sector rural la mayoría (14), a empleado/a del sector privado general (6); trabajador/a del sector público (4); desocupado (3); funcionario público (2); trabajador del sector de la construcción (3); estudiante (1); jubilado (1); productor agropecuario (1); profesional del sector salud (1); tareas de cuidado en el hogar (1) y sin datos (7). De los imputados, 28 lo están por “incendio doloso” y 16 por “incendio culposo”. Cabe aclarar que la intención dirigida a provocar un resultado dañoso identifica el “dolo”. En tanto que cuando el resultado dañoso no se busca pero se actúa menospreciando la posibilidad de que éste ocurra, se considera un delito culposo. Sobre este último, las causas fueron fogata ocasional por esparcimiento (2); quema de basura (3); quema de restos de poda y desmalezado (1); accidente producido por herramienta de trabajo (1). Estado de las causas Al 31 de agosto de 2020, los expedientes judiciales por los que se tramitan las causas por el delito de incendio se encuentran en: etapa de investigación (9); etapa de juicio (9); sentencia no firme (1) y sentencia firme (6). El estado procesal de estas causas expone que 64% de ellas superó la etapa de investigación penal preparatoria, mientras que, teniendo en cuenta las sentencias, el porcentaje de causas con resolución alcanzó 28%. Se puede observar que al menos 33% de las causas que aún se investigan llevan más de dos años en esa instancia. A su vez, 89% de ellas, en etapa de juicio oral, llevan al menos tres años sin sentencia. Destrucción de la naturaleza Sancionar el accionar humano dañino e irresponsable Entre las conclusiones del estudio sobre la actividad judicial en causas por delitos de incendios rurales y forestales, el CEPJ del Poder Judicial de Córdoba buscó realizar un aporte documental de valor para una problemática de interés para la sociedad cordobesa, que observa año tras año la destrucción paulatina de su ecosistema natural. “Cuando las condiciones climáticas adversas -como la sequía o los vientos- no se pueden evitar, menos aún controlar, queda la posibilidad de desalentar y sancionar el accionar humano dañino e irresponsable de este flagelo evitable que destruye todo lo que alcanza. Respuesta que debe encontrarse por respeto a la naturaleza y a las víctimas de tan aberrante delito”, dice el informe. El Código Penal argentino prevé en el título IV, “Delitos contra la seguridad pública”, en su capítulo I, los tipos penales que establecen penas por la comisión de “Incendios y otros estragos”. En tanto, la ley provincial 8751 (Normas y procedimiento para el manejo del fuego) prohíbe el uso del fuego en el ámbito rural y/o forestal salvo autorización emanada de la autoridad de aplicación. “La incidencia de estas causas alcanza 0,01% de la materia penal sujeta a investigación por año. Es decir, un delito de incendio cada 10.000 investigados e imputados, “una pequeña cantidad de casos que sin lugar a dudas provoca un daño ambiental de dimensiones extraordinarias en cada oportunidad, generando consecuencias que afectarán insoslayablemente el futuro de las próximas generaciones”, precisa el informe. Asimismo, advierte de que el riesgo de vida corrido por los bomberos voluntarios en cada evento también es una consecuencia dañosa del delito. Por último, agrega que las pérdidas económicas suelen ser cuantiosas, no sólo para quienes sean afectados en forma directa sino para toda la provincia, como consecuencia del oneroso despliegue que debe realizarse para controlar cada siniestro.[/privado]

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