ESCUCHARLas muestras genéticas se tomarán mediante un hisopado. El cura está detenido en la cárcel de Campana, Buenos Aires. Aún no hay fecha anunciada para la acción.
El cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por «abuso sexual agravado y corrupción de menores» en 2009, deberá aportar una muestra de ADN a pedido de la Justicia, que dispuso inscribirlo en el Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) relativos a delitos contra la integridad sexual creado por la ley nacional 26879.
Según se informó ayer, la medida fue ordenada el 13 pasado por el Tribunal Criminal 1 de Morón, partido homónimo de la provincia de Buenos Aires, firmada por los magistrados Claudio José Chaminade y Mariana Maldonado.
Las muestras genéticas se tomarán mediante un hisopado, procedimiento que se hará en la cárcel de Campana, donde está detenido el cura. Así lo detalló Jorge Dotto, director del RNDG, quien no precisó la fecha cuando se ejecutará la acción.
«La resolución expresa que los parámetros de Grassi, al tener sentencia y condena firme como delincuente sexual, se corresponden con lo que dispone la ley que crea el registro nacional de violadores, por lo que se ordenó extraer muestras biológicas para inscribirlo ahí», explicó el abogado querellante, Juan Pablo Gallego.
La causa contra Grassi comenzó el 23 de octubre de 2002 después de la emisión de un programa televisivo en el que tres jóvenes con sus rostros cubiertos denunciaron haber sido abusados por el padre en la Fundación Felices los Niños, donde se alojaban chicos en situación de calle con conflictos con la justicia.
El proceso finalizó el 10 de junio de 2009 con la condena a 15 años por «abuso sexual agravado y corrupción de menores», aunque en principio el sacerdote estuvo tres meses en prisión domiciliaria hasta que se ordenó su detención definitiva, el 23 de septiembre de 2013.
Propuestas de la Iglesia
La decisión sobre Grassi ocurre mientras el Vaticano lleva a cabo un encuentro sobre cómo atender las denuncias contra curas por abusos.
Al respecto, la elaboración de un protocolo con los pasos a seguir después de una denuncia por abuso de menores o la creación de centros de atención para ayudar a combatir los hechos, son algunas de las ideas propuestas para tratar la pederastia dentro de la Iglesia católica.
El papa Francisco indicó ayer que lo que se espera de la Iglesia no es sólo condenar los abusos de sus clérigos sino «medidas concretas y efectivas» para erradicarlos, durante su discurso al inicio de la reunión.
Una mujer, quien en su infancia fue abusada sexualmente por un sacerdote en la ciudad de La Plata, aseguró que tiene pocas expectativas del resultado que pueda alcanzar la convocatoria del papa Francisco de adoptar “medidas concretas y eficaces” contra los curas pedófilos. La mujer denunció que cuando era niña fue abusada sexualmente por el cura Héctor Giménez, quien en la década de los ’80 dirigía campamentos de verano en la localidad bonaerense de City Bell.
Sesenta y seis denuncias y sólo tres sanciones
En el país, al menos 66 religiosos fueron denunciados por abuso desde que se conoció el caso del cura Julio César Grassi, en 2002.
Según una investigación realizada por la agencia Télam, publicada en 2017, a 15 años de aquel caso, 59 sacerdotes fueron acusados de haber cometido abusos, a los cuales se sumaron también tres monjas.
Actualmente esa lista incluye al menos 66 religiosos, la mayoría de ellos sin condena, y sólo tres sancionados por la propia Iglesia con el máximo castigo que puede recibir un cura: la expulsión del sacerdocio. Entre esos tres expulsados no está Grassi, quien tiene una condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia pero que aún no fue sancionado por la Iglesia.
El abogado canónico Carlos Lombardi, representante de la Red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico, afirmó que la reunión en el Vaticano sobre los abusos es un acting. «Hablan de las mismas medidas de siempre, pero después no hacen nada», criticó.
