ESCUCHARSe prevé que la implementación de la norma demande 600 millones de pesos y un plazo no inferior a siete años.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó el anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión.
Garavano dijo que el anteproyecto viene pretende saldar “una asignatura pendiente”, ya que la actual legislación en la materia es un decreto de la dictadura, de 1980. “Desde la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por las Naciones Unidas, en 1990, estamos incumpliendo la normativa internacional”, afirmó.
También sostuvo que el anteproyecto establece medidas de abordaje integral e interdisciplinario con miras a una futura inserción social del joven que delinque.
El acto de presentación se realizó en la sede de la cartera de Justicia, con la asistencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra; senadores y diputados nacionales, jueces, juristas y los miembros de la comisión que redactó el texto de la iniciativa.
Garavano señaló que en la iniciativa se trabajó durante tres años y se redactó el texto sobre “una base empírica”. Además, afirmó que lo importante de la ley es su implementación, que -se estima- demandará unos siete años para que se aplique en todo el país. “Aunque casi todas las provincias ya tienen normativa sobre este tema”, consideró.
“(El límite se determinó en 15 años) porque es cuando se produce el ‘clic’ para participar en hechos de envergadura, como violaciones, homicidios, hechos con armas de fuego y otros”, enumeró el ministro.
Al respecto, rechazó las críticas que desde distintos sectores se hacen a la baja de la edad de imputabilidad, y las adjudicó a “intencionalidad política” o “desconocimiento” sobre el proyecto. “Está hace tiempo publicado para que se opine sobre él”, afirmó.
Gil Lavedra indicó que se trata de “un proyecto serio” que hace hincapié en “recuperar a los jóvenes” sin tener a la cárcel como primera instancia y que incluye el trabajo de equipos interdisciplinarios. Para el ex ministro de Justicia, de acuerdo con la infraestructura del sistema judicial, la implementación de la ley demandará unos 600 millones de pesos.
El anteproyecto fija con carácter excepcional la sanción privativa de la libertad «que sólo podrá imponerse cuando las medidas o sanciones socio educativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o fracasen con anterioridad por razones imputables al adolescente».
