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Ganancias: los jueces no se ponen de acuerdo sobre el alcance del fallo de la Corte

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En los tribunales provinciales de Córdoba, 10 % de la planta está alcanzada por el tributo. Son 35 magistrados y cinco funcionarios judiciales; el resto-744- son empleados judiciales. En todos los casos ingresaron con posterioridad a 2017. Siguen las dudas respecto de si corresponde el descuento a todos aquellos que fueron nombrados después de esa fecha pero ya pertenecían al Poder Judicial. Habrá una reunión de Jufejus la próxima semana.

Por Silvina Bazterrechea – [email protected]

El fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado martes, que hizo caer la cautelar y obliga a los jueces, funcionarios y empleados judiciales que ingresaron al Poder Judicial en 2017 a pagar Ganancias, será motivo de análisis en una reunión que mantendrán la semana próxima las autoridades que integran la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el encuentro, los magistrados buscarán unificar un criterio a la hora de interpretar la resolución del Máximo Tribunal de país. Ocurre que, según pudo conocer Comercio y Justicia, aún hay serias dudas respecto del alcance que tiene el fallo del Máximo Tribunal y hay quienes sostienen que mientras no haya una resolución de fondo, los funcionarios y magistrados que ascendieron después del 1 de enero de 2017 y provenían del Poder Judicial no están alcanzados por el fallo de la Corte y, por lo tanto, siguen exentos de pagar el tributo.
Fuentes tribunalicias consultadas por este medio aclararon que en la justicia provincial la ley 27346, que modificó el Impuesto a las Ganancias, está plenamente vigente y se venía aplicando a rajatabla desde su sanción. Ahora bien, el “criterio de corte” utilizado para descontar Ganancias -además de las condiciones objetivas ya conocidas que rige para todos los trabajadores- es que estos agentes hubieran ingresado a trabajar con posterioridad a 2017 y se dejó de lado a todos aquellos nombrados con posterioridad a esa fecha.
Siguiendo ese razonamiento, 10% de la planta del Poder Judicial ya está alcanzada por el tributo. Son 783 agentes, de los cuales 35 son magistrados, cuatro son funcionarios y el resto -744- son empleados.
La Administración del Poder Judicial aclaró que de la planta de empleados, hay quienes pueden no estar tributando, habida cuenta de que -por sus condiciones personales- pueden hacer deducciones en sus salarios y quedar exentos del pago del impuesto.

Los federales
En los tribunales federales de Córdoba no hay información exacta respecto de la cantidad de empleados ni de funcionarios que quedarían alcanza dos por Ganancias tras el fallo de la Corte.
No obstante, consultado por este diario, el secretario del Consejo de la Magistratura de la Nación, Marcelo Bee Sellares, destacó que son muy pocos y que, en ese universo, no hay ningún magistrado que tribute, toda vez que ninguno fue designado con posterioridad a enero de 2017.
Respecto de la interpretación del fallo del Máximo Tribunal, Bee Sellares opinó que es una resolución “muy clara y contundente”. “Se cayó la cautelar y esto quiere decir que todos los jueces nombrados o designados con posterioridad al 2017 deben tributar ganancias, no importa si con anterioridad trabajaban dentro del Poder Judicial”.

Panorama

Se estima que en los ámbitos nacional y federal son 90 magistrados los alcanzados ahora por Ganancias. Otros 12 ya pagaban porque no venían de la carrera judicial y habían llegado a juez desde la profesión de abogados.
Respecto de las provincias, donde hay seis mil magistrados, son aproximadamente 200 los que comenzarán a tributar, según estimaciones de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), el organismo que nuclea a los jueces provinciales.

Cuánto deben tributar

Si bien el monto que deben tributar por ganancias los jueces depende de las las deducciones familiares que puedan hacer, si se toma un sueldo promedio de –entre 160 mil y 200 mil pesos entre los nacionales y federales- Ganancias se podría llevar hasta 60 mil pesos por mes por la aplicación de la alícuota más alta (35 por ciento).

Reglamentación

El integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y juez federal Alberto Lugones pidió que no se aplique ningún descuento porque la ley no fue reglamentada y el tema debe tratarse en el Consejo de la Magistratura.

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