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“Filtrar” escuchas podría sancionarse con hasta 40 años de prisión

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El proyecto de ley también prevé someter a juicio político a los jueces y fiscales que faciliten la difusión de las grabaciones. En tanto, establece una cadena de custodia estricta y regula la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte

Esta semana el Senado de la Nación debatirá varios proyectos de ley vinculados con la política judicial y la reforma del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), entre los que se destaca una iniciativa para castigar la filtración de escuchas judiciales a la prensa.
La intención de los bloques es abordar las iniciativas que recibieron dictamen en la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
La sesión de mañana estará signada por la discusión de tres propuestas que introducen reformas a la Justicia Nacional y Federal; entre ellas, la que lleva la firma del peronista salteño Rodolfo Urtubey y está respaldada por el jefe de la bancada de interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, y por el presidente Provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo.
Hay consenso sobre la necesidad afianzar la cadena de custodia de las intervenciones ordenadas por la Justicia y el texto fue respaldado por todas las bancadas, a excepción de la de Unidad Ciudadana, en la que participa la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Prensa
El proyecto sanciona la filtración de escuchas judiciales con hasta cuatro años de prisión y prevé someter a juicio político a los jueces y fiscales que faciliten su difusión, por mal desempeño, dejando a salvo a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.
Además, le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales mantener control estricto y confeccionar un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte, de la cual depende.
También les requiere una serie de obligaciones a las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para llevar a cabo los procedimientos. Además, determina que las medidas no podrán extenderse por más de 30 días, a menos que haya una prórroga.
El articulado precisa que la violación a las normas de la cadena de custodia, sin importar si genera una filtración, será considerada como falta administrativa grave.
Asimismo, indica que serán castigados con penas de prisión de entre seis meses y dos años quienes «obligados a guardar el secreto sobre la información» violaran ese deber de confidencialidad; que la sanción será de dos a cuatro años para quien «a sabiendas, divulgare, comerciare o entregare para su difusión» las escuchas y aclara que si el responsable fuera un funcionario público se lo inhabilitará de manera especial.

Subrogancias
Otro tema que será debatido en la sesión del miércoles, y que ya fue aprobado por la Cámara Baja y dictaminado sin cambios por el Senado, es el nuevo régimen de subrogancias para jueces, que se explaya sobre la designación de conjueces.
La iniciativa fue aprobada por Diputados en noviembre del año pasado y respaldada en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
El texto fue impulsado por el Poder Ejecutivo luego de que la Máxima Instancia declarara inconstitucional el sistema ideado por el kirchnerismo en 2015, que estipulaba que los nombramientos de conjueces y de subrogantes no requerían acuerdo del Senado, como sí ocurre con el resto de los funcionarios judiciales. El proyecto actual fija el modo de cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores.

Código Procesal
El Senado también abordará la iniciativa que actualiza el CPP sancionado durante el gobierno de Fernández de Kirchner, cuya puesta en marcha fue suspendida apenar asumió Mauricio Macri. El texto actualiza el código introduciendo cuestiones penales aprobadas durante los últimos meses, como la flagrancia, la figura del arrepentido, el juicio unipersonal y la responsabilidad penal empresaria, entre otras.

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