Estado cordobés responde por la discapacidad de un alumno

Un compañero le arrojó un ladrillo en un ojo. El fallo ponderó que no fue un caso fortuito el hecho que le causó la lesión al menor, y que pudo ser evitado; máxime cuando los encargados de las instituciones educativas conocen el comportamiento de los niños durante los recreos. La indemnización superó 2.100.000 pesos [privado] Con base en la responsabilidad objetiva que cabe a la Provincia de Córdoba en cuanto a la seguridad de los niños en los establecimientos educativos que se encuentran bajo su órbita, el Juzgado Civil y Comercial de 37ª Nominación de Córdoba condenó al Estado provincial a resarcir los daños y perjuicios padecidos por un menor, quien perdió 40% de la visión de un ojo al ser impactado por un trozo de ladrillo de una pila de escombros, arrojado por un compañero. Egle Yanina González y Cristian Ariel Suárez, en representación de su hijo E. A. S., demandaron fundando su reclamo en la responsabilidad con motivo del accidente que sufrió el niño en 2011, en la Escuela Provincia de Corrientes, de Bº Escobar. Denunciaron que el niño sufrió un golpe con un ladrillo arrojado por otro alumno, que le produjo un severo golpe, un corte en la frente e inflamación en su ojo izquierdo, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades por los daños surgidos como consecuencia del hecho. Reclamaron el resarcimiento del daño emergente pasado y futuro que derive de las cirugías y tratamientos a los que deberá ser sometido su hijo, pérdida de chance y daño moral. La demandada alegó la configuración de eximente por “caso fortuito” conforme las previsiones del artículo 1117 del Código Civil porque -según dijo- el alumno fue lastimado accidentalmente por un compañero, siendo un hecho que si bien puede preverse, no puede evitarse. La titular del juzgado, Silvana Castagno de Girolimetto, al momento de analizar la eximente de responsabilidad objetiva planteada por la demandada, señaló que el caso fortuito configura una “situación extraña o actividad ajena” al propio riesgo del sujeto sindicado como responsable y que por tal razón gravita “negativamente en el vínculo de causalidad con el hecho dañoso”, estimando que éste “era previsible y pudo ser evitado”. Además, la jueza consideró que la situación derivó de la omisión de una “actuación diligente” que recaía sobre la institución educativa como obligación legal. Previsibilidad La magistrada continuó argumentando respecto de la previsibilidad del infortunio que “no escapa al conocimiento general que durante los recreos muchas veces se generar juegos, corridas y demás conductas motivadas por una exacerbación en las energías de los niños, y que tales espacios recreativos también constituyen instancias educativas”. Y agregó que “la posibilidad de acaecimiento de incidentes y causación de cualquier daño entre los alumnos en este ámbito de recreación y diversión, se trata de una contingencia que debe ser especialmente ponderada y anticipada por los responsables de la institución, quienes son –en definitiva- los que mejor conocen cómo se comportan los menores”. Por otro lado, resaltó el fallo que también debió resultar previsible la eventual producción de un daño porque se permitió la existencia de material de escombros en una zona al alcance de los niños, considerando que si un alumno dentro de la institución arrojó al damnificado un objeto contundente que se encontraba entre otros escombros y a disposición de los niños en el propio patio de la escuela, el suceso dañoso no sólo era “previsible” para las autoridades escolares e incluso los docentes de la institución sino que además era “a todas luces” evitable. ”La accionada desde que no logra desvirtuar la prescripción legal que impone la responsabilidad objetiva”, destacó la jueza. Por lo expuesto, se establecieron los daños padecidos por el niño confirmados por los peritajes que determinaron secuelas atribuibles al evento dañoso. Éste le ocasionó una incapacidad física total laborativa, parcial y permanente, equivalente a 42% por pérdida de la visión de ojo izquierdo y una incapacidad psíquica de grado muy severo de 60%, cuyo piso mínimo de carácter permanente podría ser de 40% y determinándola a los fines de la indemnización en 65,20% de la T.O. A ello se sumó el pago del costo de las dos cirugías realizadas al menor, más el tratamiento psicológico futuro y el daño moral. En consecuencia, en el fallo se resolvió condenar a la demandada a pagar la suma de $1.070.917,62, comprensiva del daño emergente por la suma de $20.020; daño emergente futuro por tratamiento psicológico $38.400; pérdida de chance por incapacidad sobreviniente $942.497,62; y daño moral por la suma de $65.000. Autos: “GONZÁLEZ EGLE YANINA Y OTRO C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL” Expte. Nº 5750565 [/privado]

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