Es nula la cesantía de docente dispuesta mientras se hallaba privada de su libertad

El sumario que decidió el despido de una agente se sustanció mientras se encontraba internada en un establecimiento psiquiátrico por orden judicial, por amenazas telefónicas a la funcionaria Natalia de la Sota La Cámara 2ª en lo Contencioso-administrativo de la ciudad de Córdoba declaró la nulidad del sumario que declaró la cesantía por abandono de trabajo de una docente. Consideró que al sustanciarse ese trámite la accionante se encontraba privada de la libertad y entendió que existió violación del debido proceso y derecho de defensa. [privado] Al momento del hecho, la mujer estaba privada de su libertad en virtud de una denuncia realizada por el entonces fiscal de Estado, con motivo de las amenazas y agresiones verbales que la actora profirió telefónicamente a la Secretaría Privada de la Gobernación, dirigida por Natalia de la Sota, hija del entonces gobernador. Ese proceso que concluyó con la declaración de inimputabilidad de la actora, por su condición mental. El tribunal integrado por Humberto Sánchez Gavier y María Inés Ortiz de Gallardo, al analizar la cuestión, sostuvo que la demandante Teresita Alejandra Biondini acusó una violación a su derecho al debido proceso adjetivo, porque al momento de ser emplazada para formular el descargo se encontraba internada en una institución psiquiátrica por orden judicial. Destacó que la internación fue impuesta como medida de seguridad personal, por lo que no se encontraba en condiciones de asumir su defensa en el sumario que concluyó con su cesantía. Así, tras analizar las constancias de la causa, la cámara indicó que desde el inicio mismo del sumario, dispuesto por resolución Nº 0859 de fecha 28/10/2014, éste se sustanció mientras la actora estuvo privada de su libertad, primero en el establecimiento penitenciario de Bouwer hasta su internación judicial. El tribunal agregó que el instructor sumarial declaró vencido el término acordado a la actora para formular su descargo y ofrecer y producir prueba, todo lo cual aconteció mientras se ejecutaba la medida de seguridad personal de internación por orden judicial. En virtud de ello, los jueces interpretaron: “El procedimiento sumarial sustanciado en contra de la señora Biondini, no ha respetado el conjunto de los requisitos mínimos impuestos por la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia como garantía del debido proceso adjetivo, previo a la aplicación de una sanción, lo que determina la existencia de un vicio esencial del procedimiento que constituye una causal de nulidad absoluta de la sanción”. Reunión Asimismo, en el fallo se sostuvo que en la reunión del día 21/10/2014 la profesora Biondini no aceptó cumplir su carga horaria de nivel secundario técnico en ningún establecimiento educativo porque en reiteradas oportunidades solicitó al ministro de Educación la asignación de un lugar de trabajo en otro ámbito que no sea una institución educativa. “Sin embargo, la nulidad absoluta en la que se ha incurrido en el procedimiento sumarial, reside en haber sustanciado un procedimiento disciplinario, simultáneamente al momento en que la actora se encontraba privada de su libertad, cumpliendo una medida de seguridad con internación judicial por haber sido declarada penalmente inimputable, en sucesivos establecimientos neuropsiquiátricos, que le impidió formular su descargo y ofrecer y producir las pruebas pertinentes en el tiempo concedido para ello por la Administración”, se añadió En el fallo se consideró, asimismo, que el hecho de que la actora tuviera conocimiento de la iniciación de las actuaciones sumariales sustanciadas en su contra, no significaba que se encontrara en condiciones de ejercer su defensa material, si estaba internada por las actuaciones sustanciadas con motivo de la denuncia penal formulada por el fiscal de Estado. En tal sentido, en la decisión se insistió en que -a pesar de que la actora conoció de la iniciación del sumario-, horas antes de ser detenida por la policía por orden del Fiscal de Instrucción, su internación era una causa “incontrovertida” que evidenciaba en el análisis “más superficial” la restricción material al ejercicio pleno del derecho de defensa. “Más cuando el motivo por el cual se sobreseyó totalmente la causa penal en favor de Teresita Alejandra Biondini, ya afiliada, por el delito de Amenazas Reiteradas, fue por razón de su inimputabilidad”, se agregó. Desconocimiento Luego, el pronunciamiento de la Cámara señaló que el desconocimiento de la situación procesal penal de la accionante no se encontraba justificado. El tribunal detalló: “En las constancias de autos obra agregado el oficio suscripto por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal de Feria, de fecha 12/01/2015, dirigido al señor fiscal de Estado de la Provincia, mediante el cual, en los autos caratulados ‘Biondini, Teresita Alejandra – Ejecución fe Medida De Seguridad’ se puso en su conocimiento que se resolvió disponer el cese de la medida de seguridad impuesta a Biondini, denunciada el día 03/10/2014 por amenazas reiteradas en contra de la Sra. Natalia de la Sota (foto) y en contra del Sr. Gobernador de la provincia de Córdoba, Dr. José Manuel de la Sota”. En definitiva, y en virtud de las razones expuestas, en el fallo se resolvió que la demanda era procedente en cuanto al vicio de nulidad absoluta referido a la inobservancia del principio del debido proceso adjetivo previo a la aplicación de la sanción y que correspondía declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados. Autos: “BIONDINI, TERESITA ALEJANDRA C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA – PLENA JURISDICCIÓN” (Expte. N° 2504176) [/privado]

Es nula la cesantía de docente dispuesta mientras se hallaba privada de su libertad

Confirman que pacientes con obesidad mórbida requieren cuidados especiales

Planteos de partes se resuelven antes de competencia

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Opinión

Columna de JusCom

España: la jornada y el Tercio de Flandes

El Árbol del Odio ensancha el horizonte de la guerra

Leé también

Sobreprecios en compra de material audiovisual: pidieron juicio para Julio De Vido

Marzo cerró con 11.424 personas detenidas: la población del SPF subió 1% desde enero

Confirman rechazo a planteo de docente para recibir una compensación económica

Prohibición de indexar que imponía la Ley de Convertibilidad de 1991 es inconstitucional

Más populares

Newsletter

Gestión

Canales

Publicaciones

¡Bienvenid@ de nuevo!

Recuperar contraseña

Tabla de contenidos

Are you sure want to unlock this post?

Are you sure want to cancel subscription?