En defensa de los ancianos que toman créditos

La sentencia confirmó una resolución del tribunal inferior para que intervenga sobre un pagaré que se pretende ejecutar por una entidad que da préstamos a personas pasivas. Se consideró necesario salvaguardar posibles intereses afectados. [privado] Al advertir que el Ministerio Fiscal actúa en defensa del interés público, la Cámara Civil y Comercial de 8ª Nominación de Córdoba consideró que es preciso que ese sujeto procesal intervenga en la causa, pues-eventualmente- pueden verse comprometidas normas de orden público. Por ello rechazó la apelación presentada por la accionante Conocred SA , que se opuso a dicha citación, confirmando así lo resuelto por el juez de primera instancia. El tribunal, al resolver la impugnación presentada por la parte actora, observó: “No es objeto del presente la decisión concerniente a si la acción objeto de la demanda configura una relación de consumo o no, lo que será objeto de decisión al resolverse el fondo de la cuestión”. Así, remarcó que “la materia a resolver pasa por definir si en un juicio ejecutivo como el que se ventila corresponde dar intervención al Ministerio Público ante la eventualidad de que exista una relación de consumo que vincule a las partes, lo que tornaría aplicable la normativa referida a los Consumidores”. En ese sentido, la Cámara argumentó que “en ningún momento el tribunal actuante establece que hay una relación consumeril”, precisando que “así lo deja sentado el proveído de fs. (…) se ha acordado intervención al Ministerio Público Fiscal sin que el suscripto afirme la existencia de una relación de consumo, sino ante la posibilidad de que resultare aplicable la Ley 24240 y a los fines de evitar futuras nulidades”. Queja De ello se infirió que “su queja se relaciona con que sería desnaturalizar el proceso ejecutivo permitir esa intervención, que no hay una cuestión a debatir en este proceso porque la futura decisión va a versar en si el documento base de la demanda reúne o no los requisitos necesarios para su ejecución y que no hay en juego un interés público a defender”. Asimismo, el fallo consideró: “Estamos frente a una demanda ejecutiva interpuesta por la razón social Cronocred SA en contra de la Sra. Esther Burgos pretendiendo el cobro de la suma de dinero que surge del pagaré obrante”, indicando que “si bien no surge acompañada el acta de constitución de la sociedad actora, se puede inferir por su nombre que se trata de una sociedad dedicada a otorgar préstamos, mientras que en el polo pasivo se encuentra una persona física de avanzada edad conforme el número de DNI denunciado en la demanda”, deduciendo que “es posible y de hecho la jurisprudencia así lo viene entendiendo, ingresar a la relación de consumo, llegándose incluso a anular cláusulas o incluso títulos de créditos”. En definitiva, el tribunal determinó que “ante la mera posibilidad o duda de que una relación jurídica se encuentre comprendida en la legislación aplicable a los consumidores, se debe prever la intervención del Ministerio Fiscal, a los fines de salvaguardar esa relación, evitar nulidades y desequilibrios de poder”. Autos: “CRONOCRED SA C/ BURGOS ESTHER – EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS - [/privado]

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