ESCUCHAREl Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial se reunirá esta semana para analizar si admite o rechaza la denuncia de la legisladora provincial del espacio peronista Hacemos por Córdoba, Carolina Basualdo, contra María Teresa Garay, jueza Penal de San Francisco acusada por mal desempeño.
La reunión estaba prevista para la semana pasada pero el encuentro debió ser suspendido con motivo del tratamiento de la reforma del sistema previsional de Córdoba que fue aprobado en Córdoba el miércoles pasado.
Para resolver si se admite la denuncia deben estar presentes todos los miembros del Jury que está integrado por está integrado por la legisladora oficialista Julieta Rinaldi; Silvia Gabriela Paleo, del PRO; María Verónica Garade Panetta, de la Unión Cívica Radical; el legislador y presidente provisorio, Oscar González; y la vocal del TSJ, Aída Tarditti.
La jueza Garay está acusada de otorgar la prisión domiciliaria de un hombre condenado en 2019 a ocho años y tres meses de cárcel por el delito de «abuso sexual con acceso carnal» cometido en contra de su hija cuando tenía 14 años y no informar, ni consultar a la víctima sobre la decisión adoptada, como prevé la normativa vigente en materia de ejecución penal.
Consultada por la prensa, la magistrada alegó no haberse podido contactar ni con la víctima ni tampoco con sus abogados.
En caso de admitirse la denuncia, el caso será remitido al Tribunal Superior de Justicia para que uno de los fiscales generales adjuntos sea el encargado de formular la acusación contra la magistrada y ofrecer las pruebas pertinentes en un plazo de 30 días contados desde que fue notificado. Mientras que una vez avisada, la jueza Garay tendrá un plazo de diez días para presentar su defensa por escrito y ofrecer las pruebas que justifiquen el otorgamiento de la prisión domiciliaria al detenido.
Nuevamente detenido
Cabe destacar que el acusado Alfonso Antonio Puntonet regresó al servicio penitenciario de San Francisco. La revocatoria de la prisión domiciliaria se resolvió luego de que desde las autoridades carcelarias le comunicaran a la jueza Garay que el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) habilitó una carpa sanitaria en el penal, donde se alojarán a los reclusos que integran el grupo de riesgo para la Covid-19.
