ESCUCHAREl presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, apoya la iniciativa, aunque dijo que deberá invertirse en formación de jurados y en tecnología para avanzar en los cambios propuestos
El ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó a consideración del Poder Ejecutivo un proyecto de modificación de los decretos de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y federales, y de la Ley del Consejo de la Magistratura, orientado a elevar los estándares de las evaluaciones de los magistrados y acelerar sus nombramientos.
Entre las principales modificaciones, Garavano propone ampliar el contenido del informe que recaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto del cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos, para incluir la presentación de un detalle de la situación patrimonial de los postulantes, a fin de detectar irregularidades o inconsistencias.
“Será un panorama exhaustivo y claro de los bienes del juez que estará a disposición del Presidente a la hora de elegir qué candidato de la terna va a nominar”, señaló el ministro de Justicia de la Nación.
En cuanto a la Ley del Consejo de la Magistratura, Garavano propone modificar el artículo 13°, que regula las competencias de la comisión de selección de magistrados y escuela judicial para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, y los requisitos a cumplir por los aspirantes, entre otros ítemes. Los cambios propuestos apuntan a lograr una mayor publicidad, transparencia y control ciudadano de los concursos, implementando la transmisión online de las distintas instancias, con exámenes exclusivamente orales.
Consultado por Comercio y Justicia, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, se mostró conforme con la iniciativa del Gobierno nacional. Consideró importante acelerar y transparentar los concursos aunque advirtió de que estos cambios demandarán algunas modificaciones de índole práctico. En este sentido, aseguró que deberán mejorar la infraestructura y avanzar en aspectos tecnológicos que permitan celebrar audiencias que puedan transmitirse online y, a su vez, advirtió de que se deberá brindar capacitación a los jurados para tomar evaluaciones orales. Pese a todo, Piedecasas destacó que no son cambios imposibles de llevar adelante y celebró que el Ejecutivo avance en modificaciones que mejoren el servicio de justicia.
Capacitación
En una búsqueda por mejorar la formación y capacitación de los magistrados, el Gobierno propone requerir a los aspirantes, a los jueces elegidos y a los magistrados en funciones al menos 40 horas de capacitación obligatoria anual. “Hoy nuestros jueces son los mejores de la región, pero muchas veces faltan los conocimientos prácticos de gestión, de atención a víctimas y de ética judicial”, indicó Garavano.
El proyecto persigue también una mayor celeridad en el procedimiento de selección, mediante la reducción de los tiempos de tramitación de los concursos y del número de integrantes de los jurados. Se propone que sean tres (un profesor de derecho, un juez y un abogado de matrícula federal) y que se elijan mediante sorteos públicos.
“Esto es un estándar que dará a la sociedad mayor tranquilidad a la hora de saber quiénes son nuestros jueces, fiscales y defensores”, comentó el ministro.
Subrogancias
En cuanto a los magistrados subrogantes, se proyecta eliminar de las atribuciones de la comisión de selección de magistrados y escuela judicial, la intervención en el proceso de nombramiento, en sintonía con la recientemente sancionada ley de subrogancias.
En esa línea, mediante una resolución el ministro decidió instruir al representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura, para que proponga una adecuación del reglamento de concursos públicos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del Poder Judicial de la Nación, con el objetivo de adecuarlo a las modificaciones normativas que se impulsan.
