ESCUCHARSin dinero para afrontar gastos de infraestructura, el inicio de la obra aún no tiene fecha cierta.
Los problemas edilicios se repiten en varios puntos del país. El diputado del PRO, Pablo Tonelli
pidió que se redistribuyan los recursos destinados al Poder Judicial
El edificio de barrio Rogelio Martinez donde se erigen los tribunales federales de Córdoba tiene 35 años. Trabajan allí miles de empleados y circulan otro ciento de personas a diario.
El problema de seguridad es de larga data: la necesidad de construir una escalera externa de emergencia que pueda ser utilizada para evacuar gente ante un eventual incendio es un proyecto continuamente postergado.
Fue promesa de la anterior gestión del Consejo de la Magistratura de la Nación, en aquél momento bajo la presidencia del abogado, Miguel Piedecasas. Sin embargo, pese a las gestiones y, que hay acuerdo sobre la necesidad y la urgencia de una obra de este tipo -en un inmueble de 13 pisos y materiales altamente inflamables- aún no hay fecha cierta de su construcción.
El Consejo de la Magistratura de la Nación declaró semanas atrás la emergencia judicial por la falta de recursos para hacer frente a obras de infraestructura o mejoras en el software de los tribunales bajo su órbita. Es que los problemas edilicios y de conectividad se repiten a diario en los diferentes tribunales del país.
El jueves último, la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación; Marina Sánchez Herrero visitó Córdoba y se reunió con la presidenta de la Cámara Federal de Córdoba, Graciela Montesi. Fue una reunión amable, según ambas lo expresaron a Comercio y Justicia. Se trataron diversos temas y se hizo un repaso sobre los inconvenientes que tienen los tribunales federales de Córdoba.
Consultada por este medio, Montesi destacó, en primer lugar, la capacidad de gestión de la consejera por el estamento de los abogados, aunque reconoció que no está previsto que comience la construcción de la tan anhelada escalera de evacuación.
La camarista federal aclaró, no obstante, que sí fueron escuchados otros reclamos, por caso, la refacción del aparato que refrigera el edificio.
Redistribución de recursos
Desde hace bastante tiempo los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de la selección y destitución de magistrados, advierten sobre las dificultades que tienen para avanzar en mejoras para el Poder Judicial, habida cuenta de que 95 % de los recursos que reciben se destinan al pago de sueldos.
La semana pasada, durante una reunión de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, el consejero Pablo Tonelli hizo una propuesta polémica: redistribuir los recursos asignados por la ley de autarquía al Poder Judicial, disminuyendo los correspondientes a la Corte Suprema de Justicia y aumentando los recursos del Consejo de la Magistratura.
Cabe recordar que la ley 23853 asigna al Poder Judicial 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central, y de acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia 557/2005, dictado por el expresidente Néstor Kirchner, el 0,57% es asignado a la Corte Suprema de Justicia y el 2,93% al Consejo de la Magistratura.
“Este esquema de distribución de recursos ha demostrado ser inadecuado, dejando al Consejo de la Magistratura de la Nación y a los tribunales bajo su administración en una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica. Ello, con el consecuente impacto negativo sobre la autarquía e independencia del Poder Judicial”, sostuvo el diputado macrista.
Y continuó: “Tan inadecuada ha sido la asignación de recursos presupuestarios en cabeza del Consejo de la Magistratura, que más del 95% de ellos se destina al pago de salarios, lo que hace imposible aplicar fondos para hacer inversiones mínimas.
Por otro lado, la situación presupuestaria y financiera de la Corte Suprema es diametralmente opuesta. A partir del desequilibrio presupuestario introducido mediante el DNU 557/2005, la Corte Suprema pasó a poder administrar una masa superavitaria de fondos que no tienen aplicación al pago de haberes o a inversión en el Poder Judicial de la Nación, y que se mantienen bajo la absoluta discrecionalidad del más alto tribunal”.
Para Tonelli, la readecuación de la distribución de los fondos asignados al Poder Judicial resulta indispensable para sanear la administración de recursos de ese poder del Estado, así como para evitar las consecuencias negativas que derivan de la “dependencia económica” y la emergencia de la infraestructura.
“En el Consejo de la Magistratura debemos promover su modificación por ley y la derogación del DNU dictado durante el gobierno de Néstor Kirchner» finalizó Tonelli.
