ESCUCHARLa abogada, magíster en criminología, advierte de que los cambios que intenta aprobar el Gobierno son regresivos, inconstitucionales, violatorios del principio de progresividad de la pena y un grave retroceso en los avances legislativos aprobados en Argentina
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
La iniciativa que prevé limitar las libertades anticipadas para condenados por homicidios, delitos contra la integridad sexual y robos agravados por el uso de armas comenzó a ser tratada ayer en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
El debate se reanudó a raíz del caso de Micaela García, violada y asesinada en Entre Ríos. Sebastián Wagner, el principal acusado, cumplía una pena de nueve años de prisión por dos violaciones cuando el juez de Ejecución de Penas, Carlos Rossi, le dio la libertad condicional.
El Gobierno asegura que cuenta con los votos necesarios para que la reforma sea aprobada en la Cámara Alta. Mientras tanto, ya hay quienes anticiparon su postura en contra del proyecto que tiene media sanción en Diputados, y muchos detenidos ya se sumaron a una huelga de hambre (ver cuadro).
Comercio y Justicia dialogó con la especialista Claudia Cesaroni, quien fue contundente a la hora de calificar como inconstitucionales y regresivos los cambios que se pretenden introducir a la Ley de Ejecución Penal.
– ¿Está en contra de esta reforma que plantea el Gobierno?
– Lo que pretende aprobar el Gobieno es una reforma inconstitucional que viola normas nacionales y los tratados internacionales en materia de Ejecución penal. Lo primero que tenemos que decir es que se supone que la idea de meter presa a una persona no es el castigo sino la búsqueda de su reinserción en la sociedad o simplemente se inserte en ella, porque muchas veces esta gente nunca estuvo incluida ni en el medio educativo ni en el medio laboral. Ahora, si vos transformás la cárcel en una tumba, todos los principios caen y generás más hacinamiento, más violencia, depósitos de futuros cadáveres, porque lo único que mantiene en pie a los presos es la expectativa de que van a salir en libertad.
Pero esa reforma también viola el principio de progresividad de la pena que prevé la ley de Ejecución Penal. El preso sabe que si cumple con ciertas normas, como estudiar o trabajar dentro de la cárcel, comenzará gozar de salidas transitorias y luego de la libertad condicional. No es lo mismo que un detenido cumpla los 15 años de condena, de punta a punta, que después de 15 años de encerrada salga a la calle, que si -por el contrario- cumple con la progresividad en la cual es puesto a prueba. Yo he hablado con muchos de ellos y no es fácil volver de la salida transitoria luego de estar con tu familia; armar el bolso para ir a encerrarte otra vez implica una voluntad que se pone a prueba en cada salida transitoria.
– Quienes cuestionan la reforma aseguran que el servicio penitenciario tendrá más poder para decidir la salida transitoria de un detenido. ¿Es así?
– La Ley de Ejecución Penal se sancionó en 1996. Si bien no es perfecta, fue un importante avance. Hoy estamos retrocediendo con esta idea de dar más poder a los servicios penitenciarios. La actual Ley de Ejecución tiene como principio la judicialización y todo lo que pasa en la cárcel lo tiene que controlar una autoridad judicial. La reforma equivale a retroceder 100 años . Sabemos que los lugares de encierro están sometidos a cualquier tipo de arbitrariedades porque nadie ve lo que pasa ahí dentro. En la cárcel es muy difícil que las cosas se conozcan y que luego se denuncien, entonces el principio de judicialización se convierte en algo muy importante.
Si se da prioridad a lo que diga el servicio penitenciario, pues no va a salir nadie o sólo saldrán aquellos que serían buenos presos, según el servicio penitenciario.
Yo espero que rápidamente los jueces de Ejecución dicten la inconstitucionalidad de la reforma que impondrá a los informes del servicio penitenciario el carácter de vinculantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta el impacto público que puede tener una decisión de un juez de Ejeución Penal porque hay muchas personas y medios que quieren el linchamiento público de los presos.
Yo soy muy crítica del Poder Judicial porque creo que es cómplice de muchas arbitrariedades y violaciones de derechos humanos pero entiendo que en estos temas los jueces tienen que ser muy valientes para oponerse a un informe penitenciario, porque ninguno de ellos tiene la bola cristal para saber lo que un sujeto va a hacer; pero no puede saberlo con respecto a un preso ni respecto de nadie. La exigencia de que un juez sólo libere a quien no cometerá delitos es delirante, no hay manera que pueda saberlo.
– Esta reforma sólo incluye a quienes han cometido delitos graves y deja a salvo el resto…
– Es mentira, están incluyendo el robo agravado. Cuando se habla de delitos graves esto es una falacia. Si a mí me roban el celular en la calle y por determinadas circunstancias terminan calificando como agravado ese hecho, ese ladrón pasará 15 años de su vida en la cárcel. No digo con esto que está bien robar, digo que enterrar a la gente prácticamente de por vida tampoco sirve para nada, no resuelve nada. Es pura venganza.
– ¿Argentina puede ser sancionada internacionalmente por una reforma de este tipo?
– Argentina está violando los tratados internacionales de derechos humanos que plantean la resocialización de los privados de la libertad, pero esto al Gobierno no le importa, mide las encuestas y hacia allí va. Es como cuando se sancionó la ley Blumberg. En aquel momento nosotros nos opusimos y nos decían: “¡Cómo se van a oponer al dolor de un padre!”, y nosotros les contestábamos que no nos oponíamos al dolor de un padre sino a que el dolor de un padre sea usado para una reforma penal regresiva que no iba a servir para nada. Y así fue.
Los presos de Devoto comenzaron una huelga de hambre
– Como ocurrió en diciembre pasado, cuando la Cámara de Diputados de la Nación dio medio sanción al proyecto para limitar las salidas anticipadas, los presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de la ciudad de Buenos Aires, más conocido como la cárcel de Villa Devoto, comenzaron esta semana una huelga de hambre.
– La protesta en los penales federales se sumó a la que comenzó hace seis días en la cárcel de Coronda, (Santa Fe), donde los reclusos están de “paro”: no asisten a talleres ni a cocinar o limpiar dentro de la prisión desde que el gobernador Miguel Lifschitz decretó el límite de las salidas transitorias para los reclusos imputados por delitos graves. Cabe la posibilidad de que la protesta se extienda a otras cárceles del país.
