Dura crítica por otorgar beneficio de la duda en un caso de abuso sexual

La Suprema Corte de Mendoza anuló una sentencia que absolvió a un acusado de abuso sexual por el beneficio de la duda. La absolución fue resuelta con base en las supuestas contradicciones en el testimonio de la víctima. En el caso, el vocal Mario Adaro cuestionó la aplicación del principio in dubio pro reo en los casos de violencia de género. [privado] Adaro, junto a José Valerio y Pedro Llorente, hicieron lugar al recurso de la fiscalía en “F. C/ R. G. O. F. P/ Abuso Sexual Con Acceso Carnal En Concurso Real Con Amenazas Simples P/ Recurso Ext. de Casación” por entender que hubo vicios en la fundamentación de la sentencia impugnada, ya que no se valoraron adecuadamente las constancias de la causa, en la que el hombre también fue condenado por el delito de amenazas. El juez Valerio -al que adhirió en su totalidad Llorente- encabezó el acuerdo y señaló que la liberación del imputado se basó en que la principal prueba (el testimonio de la presunta víctima) no se consideraba lo suficientemente creíble para alcanzar el grado de certeza exigido por esa instancia procesal. Para el juez había “contradicciones internas” entre lo manifestado en oportunidad de realizar la denuncia y lo declarado en el desarrollo del debate. Sin embargo, el magistrado interpretó que ninguna de las “contradicciones” eran lo suficientemente graves para hacer decaer la credibilidad del testimonio de la mujer abusada “si se tiene en cuenta lo traumático de la experiencia propia de las víctimas de delitos contra la integridad sexual”. Valerio también criticó que no se valorara adecuadamente el peritaje psicológico sobre el imputado, que revelaba que éste tiene una personalidad con rasgos de impulsividad y reacciones desajustadas ante situaciones de tensión emocional. El jurista fustigó duramente el argumento del tribunal penal para la absolución respecto del modo en que la pareja de la víctima tomó conocimiento del hecho. En la sentencia absolutoria se señaló: “No es razonable pensar que un hecho de tanta trascendencia personal como es un abuso sexual no sea contado a la persona con quien más confianza se puede tener, como es una pareja íntima”. Valerio refutó ese argumento al afirmar: “No es contundente en orden a lo que intenta demostrar, pues, en delitos que atentan contra la integridad de la persona, tal como lo es el que se investiga en estos autos, las reacciones de las víctimas pueden ser disímiles, jugando un papel relevante las emociones -tales como el pudor, la timidez o la vergüenza- así como cuestiones propias de la pareja -celos o desconfianza-”. De igual modo, criticó que se valorara positivamente el testimonio de la víctima en la condena por amenazas y no por el abuso sexual, donde además había como prueba un análisis de ADN del imputado, que demostraba la existencia de contacto sexual con la víctima (de la cual era expareja) Perspectiva El juez Adaro puso en tela de juicio la valoración que hacen los magistrados del principio in dubio pro reo en este tipo de casos, en los que también se debe tener una perspectiva de género a la hora de evaluar las pruebas de cargo. “En los casos de agresiones contra la integridad sexual, debido a sus particularidades, que (...) suelen ser llevados a cabo frente a víctimas desprotegidas o en la intimidad– el relato de quien ha sido violentado (...) debe ser cuidadosamente analizado y ha de atribuírsele un lugar privilegiado en la construcción de la premisa fáctica que integra el razonamiento del juez”, subrayó. Adaro interpretó que en la absolución hubo consideraciones sobre diversos elementos probatorios “sin haber tenido en cuenta (...) el paradigma de género”, lo que se advierte en la valoración de la credibilidad del testimonio de la víctima, así como de la existencia de lesiones y material genético del imputado en el cuerpo de la víctima”. Para Adaro, al absolver al acusado se valoraron los distintos elementos de juicio y, en especial, el testimonio brindado por la víctima, “con prescindencia de una mirada integral de la problemática”, incumpliendo de esta manera los criterios interpretativos que establece la ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que “expresamente conmina a los operadores judiciales a que ponderen, en orden a acreditar que el hecho tuvo lugar en un contexto de violencia de género, todas las presunciones que se construyan a través de indicios graves, precisos y concordantes”. Adaro, finalmente, sostuvo que la categorización de un caso como de violencia de género no implica de manera alguna disminuir el estándar probatorio para condenar o no a un imputado, aunque precisó que en estos casos “sí repercute en el peso y el lugar que se le atribuye a los elementos de prueba e indicios que integran el razonamiento judicial (aspecto interno), en tanto actividad hermenéutica que precede a su específica operación como garantía del imputado”. [/privado]

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