ESCUCHARLa Fiscalía elevó el requerimiento de instrucción ante el juez Bonadio. También solicitó que la Oficina Anticorrupción envíe las declaraciones juradas del ex funcionario
La fiscal federal Alejandra Mangano imputó al ex subsecretario General de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por presunto lavado de dinero, dado que poseía 1,2 millón de dólares en una cuenta en un banco de Andorra que no había declarado.
La representante del Ministerio Público elevó el requerimiento de instrucción ante juez federal Claudio Bonadio, a quien le solicitó que pida a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas del ex funcionario.
La denuncia contra Díaz Gilligan fue presentada por el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade, luego de que el diario El País, de España, reveló que tenía aquellos fondos.
Tailhade también había solicitado que se investigara a Díaz Gilligan por supuesta omisión maliciosa, por no declarar su activo ante organismos argentinos.
“Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País”, sostuvo el denunciante, luego de citar la nota completa publicada por el diario español.
“No podemos soslayar que en su ‘defensa’ el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra”, destacó el legislador.
“Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave. La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse a una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político”, remarcó.
El delito de lavado de dinero tiene una pena de entre tres y diez años de prisión y prevé una multa de dos a diez veces del monto de la operación.
