ESCUCHAREl contagio de Covid-19 en un geriátrico de Saldán sigue generando repercusiones. Los diputados nacionales Brenda Austin y Diego Mestre, entre otros, presentaron un proyecto para que cese la persecución penal en contra de galenos
La diputada radical Brenda Austin (UCR), acompañada por sus pares Claudia Najul, Diego Mestre, Luis Petri y Cristian Ritondo, entre otros, presentó un proyecto cuyo objetivo es evitar la “absurda criminalización” del personal de salud que contrae Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria y cumpliendo sus funciones.
Austin promovió su iniciativa en respuesta a la imputación de dos médicos por los contagios en el geriátrico Santa Lucía, de la localidad de Saldán; uno de ellos, portador asintomático de coronavirus.
El fiscal que instruye el expediente les atribuyó a los galenos la presunta comisión del delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.
Respuestas preventivas
Ahora, los legisladores opositores plantean que la respuesta ante casos como el que se dio en Saldán no puede ser punitiva, como si las acciones hubieran sido intencionales, sino preventivas, por medio del aumento de las medidas de protección, los testeos recurrentes y protocolos claros.
En ese sentido, Austin señaló que “hay que cuidar a quienes nos cuidan” y que el ejercicio profesional no puede ser una causa para perseguir penalmente a los médicos que “están luchando en la primera línea” y se exponen a enormes riesgos.
Concretamente, el texto propone la sanción de una ley penal especial, para que rija específicamente en el marco de la pandemia, que excluya al personal sanitario de la aplicación de los delitos penales tipificados en los artículos 106 -abandono de persona- y 202 -propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas-.
Najul, autoridad de la Comisión de Salud y firmante del articulado, recordó que el espacio político que integra advirtió al comienzo de la cuarentena sobre la gravedad de los mensajes intimidatorios de vecinos a los profesionales de la salud y valoró que esa tendencia está propiciando “un clima muy peligroso” que impone dar señales muy concretas de apoyo a los médicos y enfermeros.
“El Estado y todos los ciudadanos comprometidos y respetuosos de la actividad médica, debemos levantar la voz contra este movimiento que nos lastima como seres humanos”, enfatizó.
La iniciativa busca que la reforma se aplique a las causas penales en trámite y a aquellas que puedan iniciarse con posterioridad, aplicándose la exclusión de responsabilidad penal prevista en el inciso 4 del artículo 34 del Código Penal, que se refiere a la inimputabilidad con motivo de obrar en el ejercicio de un deber.
Cabe recordar que hace dos semanas, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) dispuso las imputaciones de Lucas Figueroa y de Marcelo Lazaro.
La medida generó la reacción del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, que calificó como imprudente la decisión. “El fiscal abrió con su imprudencia e inexplicable velocidad procesal, una puerta muy difícil de cerrar, la del miedo y la estigmatización y sus consecuencias son impredecibles”, sostuvo la entidad en una carta abierta al ministro de Salud.
Bajo esa premisa, el Consejo expresó: “Criminalizar a los profesionales no parece el mecanismo adecuado para encontrar la verdad”.
Por su parte, la Federación de Entidades Profesionales de Córdoba (Fepuc) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia (Aclisa) emitieron comunicados en apoyo a los galenos.
“Medidas de este tenor ponen en la escena pública aspectos que todo el equipo de salud supera con profesionalismo y recursos propios, como ya hemos manifestado a las autoridades desde esta federación y remiten a responsabilidades de quienes deben capacitar, proveer equipos de protección personal y controlar el adecuado funcionamiento de todo el sistema; es por ello que tamaña medida judicial, no deja de sorprender y hacer que nos preguntemos a qué obedece este accionar tan veloz por parte de un fiscal. Hacemos nuestras y de todos los colegios y asociaciones que conforman la federación, la preocupación manifestada por el Consejo de Médicos, respecto a la peligrosa estigmatización social hacia los equipos de salud, primera línea de combate de la pandemia y que ya cuenta con víctimas de la misma”, sostuvo Fepuc.
En tanto, Aclisa afirmó: “Desde el inicio de esta pandemia, todo el personal de la salud y todas las instituciones privadas hemos puesto a disposición de toda la comunidad nuestra capacidad mediante la realización de un esfuerzo extraordinario para estar a la altura de las circunstancias. No nos oponemos a ningún tipo de investigación cuyo verdadero fin sea encontrar la verdad real pero resulta incomprensible que se exija la existencia de culpables, mucho menos buscarlos entre quienes permanecemos siempre e incondicionalmente al servicio de la población”.
“Así como días atrás el Congreso sancionó leyes para garantizar la provisión de insumos de protección laboral para el personal de salud y para reconocer salarialmente el esfuerzo que hacen, es necesario que ahora nos enfoquemos de manera urgente en evitar esta absurda situación de persecución penal que atraviesan por cumplir con su deber”. (Brenda Austin, autora del proyecto)
