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Córdoba ya tiene un Registro de delincuentes sexuales

Siguiendo el ejemplo de otras cuatro provincias del país, la Legislatura Unicameral cordobesa aprobó en la tarde de ayer el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, que tiene por finalidad hacer un seguimiento de todos los abusadores que cumplieron condena por delitos de esa índole.
Conocido vulgarmente como registro de violadores, este instrumento -que ya funciona en Buenos Aires, Mendoza, Chaco y Chubut- contendrá los datos filiatorios y genéticos de todos los condenados por abuso sexual y muestras de ADN de victimarios desconocidos.

A partir de la sanción de esta ley, los condenados sexuales tendrán que presentarse todos los meses en la comisaría a fijar domicilio y el lugar donde trabajan. En caso de que no cumplan con la obligación de reportarse periódicamente o cambien su lugar de residencia sin dar aviso o suministren información falsa, serán castigados según el Código de Faltas con penas de 30 días de arresto ó 200 unidades de multa.
Dependiendo de sus antecedentes penales, los abusadores permanecerían en el listado cinco o diez años. El primero de los plazos regirá para quienes hayan cumplido una sola condena, mientras que la década está reservada para aquellos delincuentes sexuales reincidentes.

Contenido reservado

El texto de la ley -que entrará en vigencia una vez publicado en el Boletín Oficial- deja en claro que los datos personales de los abusadores y sus muestras genéticas no podrán ser publicados en ningún momento y por ninguna vía. Su contenido será reservado y sólo podrá ser suministrado mediante orden judicial a los tribunales y jueces de todo el país, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policías de las distintas provincias, y en caso de que las leyes así lo dispongan.
La información genética será dada de baja sólo por fallecimiento del implicado y previa autorización judicial.
La iniciativa -elaborada por los legisladores Juan Brugge, Alicia Narducci, María Alarcia y Sergio Busso- también prohíbe que las personas incluidas en el registro se desempeñen en los ámbitos público o semipúblico del transporte o la educación.
Cabe destacar que el texto de la norma fue consensuado con el Ministerio de Justicia provincial, organismo que tendrá a su cargo la instrumentación, actualización y resguardo del registro.