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Continuarán detenidos ocho de los diez rugbiers acusados

La fiscal Verónica Zamboni tomó ayer una decisión clave en la causa que investiga el brutal crimen de Fernando Báez Sosa: pidió la prisión preventiva para ocho de los acusados por el delito de homicidio agravado.

En un escrito de 250 páginas  que fue enviado al juez de garantías David Mancinelli, Zamboni pidió que “convierta en prisión preventiva la detención que vienen sufriendo Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Ayrton Michael Violla, en virtud de existir elementos de convicción suficientes para considerarlos responsables de los hechos objeto de investigación, con el grado de participación ya analizado”.

Ciro Pertossi y Máximo Thomsen fueron acusados de ser co-autores del crimen, el resto son considerados partícipes necesarios.

En el mismo dictamen, la fiscal  pidió que Alejo Milanessi y Juan Pedro Guarino sean liberados. Fundamentó el pedido en que éstos últimos no fueron reconocidos en las ruedas de personas y por el “beneficio de la duda”.

“A la luz del resultado negativo de la diligencia de reconocimiento de personas en relación a los encausado Guarino y Milanesi, ésta Titular de la Vindicta Pública, entiende que debe cesar la medida de coerción personal que pesa sobre ellos”, señala el dictamen fiscal.

La fiscal explicó que si bien se han llevado a cabo innumerables medidas de investigación ninguna prueba permite  “vincularlos a la muerte de Fernando”.

“Ha variado mi convicción en cuanto a la participación de éstos dos imputados en el homicidio endilgado”, señaló Zamboni en un tramo del escrito y recordó que “toda duda en el proceso debe ser valorada a favor de los imputados, conforme las garantías constitucionales que deben respetarse en el proceso”.

Respecto de Milanesi, afirmó la fiscal que ninguno de los testigos “lo han podido reconocer ni como agresor de la víctima, ni de ningún otro amigo de Fernando” y que “solo uno de ellos lo vio parado en las inmediaciones” pero “sin participar en la gresca”.

Además, explicó que si bien Milanesi presentaba lesiones en sus manos, “no pudieron acreditarse fehacientemente que guarden vinculación con la presente pesquisa”.

En relación a Juan Guarino, la fiscal señaló que “si bien el mismo se halla filmado saliendo del bailable Le Brique (…), nada lo ubica en la agresión misma a Fernando” y en ese sentido recordó “el resultado negativo de la totalidad de los reconocimientos en rueda de personas desarrollados” y que “un solo testigo lo ubicó en las inmediaciones del lugar”.

“Ningún registro fílmico de los aportados, lo ha grabado agrediendo a alguna persona, sino solo caminando”, precisó la fiscal.

También manifestó que “analizada la lesión que presentaba el día de su aprehensión -una posible quemadura en su mano- no ha podido acreditarse hasta el momento que se vincule y/o guarde relación con el hecho”.

Agregó que en las pericias a los teléfonos celulares realizadas por la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal en su laboratorio de la ciudad de Mar del Plata, no se encontraron elementos que los vinculen directamente al hecho.

Pese a todo, la fiscal Zamboni aclaró en su dictamen que el pedido de libertad “ de ningún modo implica su desvinculación del proceso, en el que restan sendas diligencias a desarrollar, por lo cual deberá el mismo, estar ajustado a derecho hasta la culminación del proceso, al igual que Milanesi”.

 

 Las pruebas

El extenso pedido de prisión preventiva de Zamboni incluyó declaraciones de más de 20 testigos, chats entre los acusados recogidos por la Policía Federal tras el análisis a sus teléfonos, relevos de cámaras de seguridad y pericias de medicina legal a las lesiones que presentaban en sus manos cuando fueron detenidos. Todavía se aguardan los resultados del análisis scopométrico de marcas al par de zapatillas ensangrentadas que se encontró en la casa de Villa Gesell en donde los acusados se hospedaban. 

Hay filmaciones comprometedoras. La cámara de seguridad del supermercado Marina los tomó inmediatamente después del crimen, a metros de efectivos de la Policía Bonaerense. “En tal filmación se observa claramente como Ciro Pertossi se limpia sus manos en todo momento, de espaldas a los efectivos policiales, pero siendo tomado dicho accionar por las cámaras, tratando el mismo de ocultar sus manos -con posibles manchas hemáticas- al personal de Infantería, a Benicelli con una de sus manos en el bolsillo del pantalón que vestía, siendo ello claramente divisado en la filmación del momento en que se procedió a su interceptación”, asegura la fiscal.

Luego, la cámara muestra como Ciro se chupa los dedos para supuestamente remover la sangre “para no ser descubierto e identificado por el personal policial como agresor; no detectando en ése momento el personal de Infantería que efectivamente se trataba de los presuntos autores del homicidio”, concluyó Zamboni.

Los chats agregan más elementos a la acusación. La fiscal está convencida de que los rugbiers de Zárate sabían que habían matado a Báez Sosa a horas del crimen. En una conversación de audios en su grupo de WhatsApp “claramente se desprende que los imputados estaban totalmente al tanto de lo sucedido con Fernando, como de su fallecimiento, dado que Lucas Pertossi, según el audio, vuelve al lugar del hecho, y avisa a los restantes integrantes del grupo que esta ahí cerca del ‘pibe’ interpretándose que se trata de Fernando (la victima), contándoles que ahí están todos a los gritos, que está la policía, y que llamaron a la ambulancia, como así también que “CADUCÓ”

Mientras tanto, se enviaban entre ellos fotos comiendo en el local de McDonald’s en la ciudad costera, allí se lo ve Lucas Pertossi, quien filmó el ataque con su iPhone, video que fue encontrado por la PFA.

Luego, en la página 122 del escrito, la fiscal Zamboni habla explícitamente de un pacto de silencio. Un chat de Ciro Pertossi sustenta sus dichos:

“A las 06.06 horas, Ciro Pertossi dice por el grupo ‘chicos no se cuenta nada de esto a nadie’, interpretando esta representante que se trata de un pacto de silencio que incluso los imputados mantienen hasta la actualidad; corroborando ello su participación en el hecho, como así también la total premeditación con que se cometiera el hecho”.