ESCUCHARDurante el juicio oral y público que se llevó a cabo en 2017 se estableció que el imputado asesinó a un joven agente para procurarse impunidad. Ahora, por mayoría, la alzada respaldó el criterio del tribunal a quo
Por mayoría, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena a prisión perpetua que se le impuso a un gendarme que protagonizó una serie de robos y mató a un agente de la Policía Federal.
En julio de 2017, Leandro Szynwelski fue condenado como coautor de homicidio agravado criminis causae y por varios delitos en contra de la propiedad. Según dio por probado el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 28, en mayo de 2013, en horas de la noche, Szynwelski consumó una serie de conductas delictivas. Atacó a una mujer para asaltarla, se tiroteó con la pareja de la víctima y trató de robar un vehículo.
En ese contexto, el agente Héctor Domínguez Fernández, de 26 años, quien estaba prestando funciones, salió del restaurante en el que se encontraba y enfrentó al encausado.
Al verlo, Szynwelski le disparó a la cara, desgarrándole la ceja derecha. De frente y a menos de 50 centímetros, volvió a dispararle. Esta vez, hacia el hombro derecho, generándole una hemorragia interna al policía que le causó la muerte.
El defensor oficial cuestionó el fallo del a quo y ante la Casación sostuvo que los disparos contra el policía fueron ocasionales y “producto de una reacción imprevista e irreflexiva”, ya que su asistido se encontraba frente a la víctima.
Discutió el homicidio criminis causae y manifestó que la intervención del joven policía desvió el curso de los acontecimientos y convirtió “lo que era un hecho de robo en una tragedia imprevista y no deseada de antemano”. Además, alegó que no buscaba la impunidad en la situación, ya que las balas que usó eran del arma registrada a su nombre. A ello le sumó un cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la prisión perpetua.
Como no cuestionó la secuencia de los hechos, los magistrados se limitaron a responder los planteos.
Repasaron primero lo que el tribunal sostuvo en su sentencia sobre el accionar de Szynwelski, a saber: que mató a la víctima para poder escaparse y lograr su impunidad, insistiendo en que para ello se valió de su aptitud “indiscutible” para disparar.
Asimismo, argumentaron que el dolo homicida se acreditó porque el disparo fue en la zona de la cabeza, para sortear la protección del chaleco antibalas.
Los jueces Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone votaron por confirmar la sentencia. En su voto, el primero consideró: “Matar para procurar la impunidad implica una alteración sustancial de la escala de valores sociales, evidenciada por los bienes jurídicos en pugna. En otras palabras, el autor está sacrificando un bien jurídico ajeno más valioso (la vida humana, el más valioso del ordenamiento positivo) por salvar otro menor (en el caso, la libertad)”. Sostuvo, además, que el imputado pudo haberse sorprendido con la aparición del policía, pero que esa circunstancia no viciaba la conexión ideológica final que hubo en el caso, pues la preordenación homicida no es un requisito que la figura legal de homicidio criminis causae requiera. Además, Rimondi rechazó el agravio vinculado a la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Explicó que el condenado tiene diversos institutos liberatorios dentro de la legislación nacional y que la pena privativa no sería “realmente perpetua”.
Por su parte, Bruzzone coincidió con el planteo de su colega, pero se diferenció señalando que debería haberse aplicado la doble agravante: no sólo por criminis causae, sino por tratarse la víctima de un miembro de una fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones.
Por su parte, en disidencia, la jueza Patricia Llerena estimó que la agravante del artículo 80 inciso 7 del Código Penal es inconstitucional, ya que prevé una perpetua únicamente porque el autor procuró lograr su impunidad. También opinó que violenta el artículo 19 de la Constitución Nacional. No obstante, no se pronunció sobre la pena porque quedó en minoría.
