ESCUCHAREs la principal preocupación de las mujeres privadas de su libertad. En caso de ser necesario, se pedirá intervención judicial para exigir a los padres que no priven a los niños del vínculo con sus progenitoras. Agilizar la tramitación del DNI, otro de los aspectos a trabajar
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
La situación en el módulo de mujeres de la cárcel de Bouwer es preocupante. Ya son dos las internas que en lo últimos meses se quitaron la vida dentro del establecimiento carcelario y hubo varios casos de detenidas que se autoagredieron. El último hecho ocurrió el domingo cuando agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba encontraron el cuerpo sin vida de Elisa Vanesa Castaño, de 34 años, en el Pabellón E2. El caso fue calificado como «muerte de etiología dudosa”.
Integrantes del Poder Judicial trabajan desde hace casi un año con la Unidad de la Defensa Pública que funciona en la cárcel de Bouwer. Comenzó como una prueba piloto que se ocuparía de atender las necesidades de mujeres y hombres que habían sido condenados y se encontraban detenidos en dicho complejo carcelario.
Con el transcurso de las semanas, los defensores se percataron que la problemática de las mujeres resultaba “más compleja” y rápidamente vislumbraron la necesidad de darle prioridad a su atención.
¿Los principales reclamos? Madres que perdieron el contacto con sus hijos, ya sea porque el padre o familiar que está a cargo de ellos no quiere o no puede concurrir a las visitas, o bien, porque son menores que no tienen Documento Nacional de Identidad y por lo tanto no se les permite el ingreso a la cárcel.
El aislamiento de las mujeres que pierden el contacto con su familia es abrumador, relataron a Comercio y Justicia los asesores letrados a cargo la Unidad de Defensa Pública, Pablo Pupich y Mariano Brusa. “Un día de visita uno puede ver una larga fila de madres y esposas esperando para ver a sus maridos, pero no ocurre lo mismo cuando las detenidas son las mujeres”, se lamentan.
La cuestión fue abordada en un informe que elaboró la Unidad de Defensa Pública que funciona en la cárcel de Bouwer y que giró al Tribunal Superior de Justicia para su análisis.
En febrero murió otra interna y entonces se resolvió ampliar la atención de las mujeres – ya no limitándola al universo de las condenadas, sino también a las procesadas con prisión preventiva-.
“Tenemos hoy 41 detenidas en esa condición”, explicó Pupich a este diario. “A todas ellas tenemos ahora que comenzar a diagnosticar y en este universo estaba esta chica que murió este fin de semana”, precisó.
Garantizar el acercamiento de los niños con la madre
En este contexto, Pupich adelantó que giraron un pedido al Ministerio de Justicia para que el Registro Civil agilice los trámites que involucren el otorgamiento del DNI para los hijos de madres detenidas.
“En muchos casos son niños que no tienen partida de nacimiento y hay que hacer varias gestiones para que puedan tener su DNI”, explicó el asesor letrado.
Por otra parte, también se comenzará a abordar la problemática de los padres que no llevan a sus hijos a las visitas. “Si ellos no lo hacen, entonces pediremos a un juez de familia que garantice el contacto. Porque lo importante es el interés superior del niño”, explicó Pupich. Sobre este aspecto trabajarán mancomunadamente con la asesoría móvil de Familia a cargo de Myriam Rebuffo.
“También propusimos al Ministerio de Justicia garantizar el contacto de madres y niños mediante videoconferencias. No es lo mismo pero es un paliativo en algunos casos en los cuales los chicos no viven en la misma ciudad donde se encuentra detenida la madre”, agregó el funcionario judicial.
Pocos recursos
La Defensoría que coordina Pupich está integrada por un equipo de dos asesores letrados, una coordinadora, una auxiliar de la defensa y dos empleados (una abogado y una trabajadora social). Sin lugar a dudas, lo que comenzó como una prueba piloto requiere de más recursos para ampliarse al resto de las unidades carcelarias de la provincia. E incluso, dentro de Bouwer donde hoy la alta demanda supera la capacidad de este grupo que visita el complejo carcelario tres veces a la semana.
Humanización e intervención
El Ministerio de Justicia a cargo de Martín Farfán, designó a la trabajadora social Patricia Grunberg como directora de la cárcel de Mujeres, en lugar de Marisa Alé. A su vez, Cecilia Lanzarotti es la nueva interventora. Recientemente había llegado a la Secretaría de Organización y Gestión Penitenciaria.
Paralelamente, según pudo conocer este medio, se conformará una Comisión de Humanización de las cárceles y se creará un centro terapéutico integral para la prevención de adicciones.
Una realidad que duele
De las mujeres que están privadas de su libertad en la cárcel de Bouwer, 41% fue detenida por causas vinculadas al narcomenudeo. En 2014, había 200 internas detenidas por este tipo de delitos, cifra que alcanzó 384 en marzo. En la mayoría son mujeres que padecen necesidades de subsistencia económica y que no encuentran «recursos alternativos» para llevar adelante su vida.
