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Avalaron el descarte de embriones criopreservados

Un matrimonio logró que un magistrado lo respaldara. El sentenciante tomó en cuenta que los actores ya no tienen voluntad procreacional. Se trata del tercer caso en la materia que se resuelve en el país

La Justicia de La Plata autorizó que cese la criopreservación de los embriones de un matrimonio, que están bajo custodia de la clínica Procrearte. Se trata del tercer caso en la materia que se resuelve en el país.
Además el titular del Juzgado de Familia Número 8, Mauro Cerdá instó al Congreso Nacional a legislar la temática, ante el vacío normativo.
Cabe recordar que el nuevo Código Civil estableció que la persona humana comienza desde la concepción, ya que la reforma quitó la frase “ en el seno materno”.
Esa supresión abrió el debate en torno al status jurídico de los embriones y su criopreservación, ya que la imprecisión de la ley puede llevar a interpretar que un embrión no implantado es persona.

Contrato
Al resolver el planteo llevado a su conocimiento, el sentenciante destacó que los cónyuges solicitantes carecen de voluntad procreacional y que no desean continuar “atados a un contrato de tiempo indefinido”.
Asimismo, aclaró que tampoco quieren donarlos ni dejarlos para la investigación científica.
La abogada de los demandantes, Griselda De Luca, precisó que los embriones se preservan en el marco de los tratamiento de fertilidad, en caso de que no avance la implantación o por si el matrimonio o pareja quiere lograr otro embarazo, pero enfatizó que cuando cesa la voluntad procreacional o se separan o divorcian no hay una norma que contemple esa situación.
En ese sentido, destacó que hay un contrato a tiempo indefinido en cuanto al cuidado y mantenimiento de embriones (que oscila entre 100 y 200 dólares al año), ya que no hay una ley que determine que se pueden destruir. “Al iniciarse un tratamiento de fertilidad no hay suficiente información”, detalló, acotando que hay un vacío legal en cuanto hasta dónde y cuando se protege el embrión y que la discusión siempre se basa en lo mismo: desde cuándo se considera que hay vida.
Los actores tardaron 10 años en recurrir a la Justicia, pero se vieron obligados a hacerlo porque ya tuvieron hijos y el mantenimiento de los embriones comenzó a generales deudas.

Proyecto
En abril, un grupo de diputados, especialistas en medicina y abogados dio a conocer un proyecto que pretende regular la utilización de embriones no implantados para posteriores tratamientos de fertilización o donación a terceros.
El texto incluye el cese de la criopreservación y el destino de los embriones para futuras investigaciones.
Los autores coincidieron en la importancia de que se apruebe un marco legal para quienes poseen embriones criopreservados en clínicas privadas.
A grandes rasgos, el articulado establece la prohibición de generar embriones sin el objetivo de ser utilizados con fines reproductivos o terapéuticos. También impide su comercialización, procura limitar el número de ovocitos a fecundar y establece en 10 años el plazo de criopreservación.

Encuesta
Cuando se presentó la iniciativa, la presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer), Stella Lancuba, detalló que una encuesta realizada en 2017 indicó que en Argentia hay 54 mil embriones criopreservados en el país, de los cuales 38,9 por ciento por ciento está congelado desde antes de 2008.
La galena indicó que se calcula que unas 20 mil personas abandonaron a sus embriones y valoró que es necesaria una ley que regule su utilización para casos en los que tienen más de 10 años de preservación.
Por su parte, la abogada especialista en derecho de familia e investigadora del Conicet Marisa Herrera resaltó que según el fallo “Artavia-Murillo y otros contra Costa Rica”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “un embrión no puede ser considerado como una persona” y que “la concepción tiene lugar desde que el embrión se introduce en el útero”.

Según los especialistas, el argumento de la falta de regulación sobre el status del embrión no implantado está siendo utilizado por las empresas de medicina prepaga y las obras sociales como justificativo para negar la cobertura de técnicas como la criopreservación. También sostienen que el vacío normativo repercute en cuestiones como los conflictos que se suscitan a raíz de divorcios y separaciones de la pareja que se sometió a tratamientos de fertilidad.

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