ESCUCHARSe presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo para que se disponga la «inmediata» prisión domiciliaria de todos los encarcelados con más de 65 años de edad y a quienes sean más vulnerables al contagio del coronavirus.
El pedido, que incluye a mujeres embarazadas que cumplen prisión con sus hijos menores de edad, fue realizado mediante un “per saltum” por el abogado Carlos José Díaz, quien se basó en el decreto de necesidad y urgencia 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que declaró la emergencia sanitaria.
Díaz solicitó además que se disponga la libertad de los detenidos sin sentencia firme.
En la demanda dirigida contra el PEN y la Corte, el letrado reclamó que se proporcione una “vivienda digna” a quienes no cuenten con un lugar donde cumplir la prisión domiciliaria.
Solicitó asimismo a la Corte que, al efecto de evitar la reincidencia de las personas que recuperen la libertad con motivo de la acción presentada, imponga al Estado disponer a cada una de las personas un “subsidio mensual que, al menos, supere el nivel de pobreza” que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Además que, para “evitar perjuicios irreparables”, se debe actuar con urgencia salvo que se garantice que, sin tomar las medidas solicitadas, no se corre riesgo de que entre la población carcelaria se desate una afección masiva de coronavirus.
Numerosos pedidos
El amparo ocurrió ayer luego de numerosos pedidos de detenidos que reclamaban el beneficio de la prisión domiciliaria. En ese contexto, ayer el condenado represor de la última dictadura cívico-militar Alfredo Astiz fue sometido a estudios médicos antes de resolver el planteo de su defensa para continúe la reclusión en su domicilio ante el riesgo de contagio de coronavirus.
Astiz, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA, tiene 69 años y cáncer de próstata, por lo cual -según su defensa- integra el grupo de riesgo ante la pandemia.La concesión de las domiciliarias a los represores tiene el rotundo rechazo de los organismos de derechos humanos. El Tribunal Oral Federal 5 que lo condenó dispuso que se convoque a una junta médica para evaluar la situación del represor antes de tomar una decisión. Astiz cumple dos condenas a prisión perpetua -ambas dictadas por el TOF 5- en la cárcel de Ezeiza.
Cabe recordar que la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, ordenó la semana pasada a los tribunales la urgente tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes.
También, estableció la adopción con carácter urgente y en forma conjunta de un protocolo específico para la prevención y protección del Covid-19 en contexto de encierro.
Hasta el momento, la mayoría de los planteos de arresto domiciliario o excarcelación hechos a raíz de la pandemia del coronavirus fueron rechazados, como el del detenido empresario Lázaro Báez, porque los tribunales entienden que en los penales se estableció un protocolo de prevención y aún no se han reportado en ellos casos de contagio.
