AFIP paga daños y perjuicios por embargo improcedente de una caja de ahorros

El ente recaudador trabó la inhibición en 2009 y, después del reclamo del accionante, le inició una ejecución fiscal desestimada judicialmente para, finalmente, reintegrarle los fondos tres años después La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba confirmó una condena contra la AFIP por daños y perjuicios por embargar en forma improcedente la caja de ahorros que el accionante utilizaba para sus gastos familiares y para comercializar insumos y productos de una explotación agropecuaria. [privado] El demandante relató que el ente recaudador trabó la inhibición sobre la referida cuenta en 2009, motivando su inmediato reclamo. Sin embargo, la AFIP le inició una ejecución fiscal que finalmente fue desestimada tres años después, en 2012, tiempo durante el cual no pudo disponer de los fondos depositados en su cuenta. Marcelo Raúl Conci -el accionante- calificó de “ilegal, intolerable e inconstitucional” ese plazo por lo que llevó a juicio al organismo impositivo, subrayando que éste, además de ser causante de daños patrimoniales debía responder por daños morales. La acción de Conci fue admitida en primera instancia por el Juzgado Federal Nº 2, que condenó a la AFIP y originó que ésta apelara ante la Sala que integraron los jueces Eduardo Ávalos -autor del voto-, Ignacio Vélez Funes y Graciela Montesi. En alusión al proceder de la DGI, la Cámara destacó que el artículo 902 del Código Civil establecía: “Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”. En cuanto al deber de indemnizar, en el fallo se expuso que toda medida cautelar involucra un “riesgo inherente al estado de incertidumbre del derecho” que avala al proveído de urgencia. Si posteriormente resulta que el derecho cautelar no existió y que, como consecuencia, la aplicación de la medida cautelar fue inútil y ha perjudicado injustamente al pretendido deudor, éste tendrá derecho al resarcimiento de los daños. El juez Ávalos añadió, en cuanto a la acreditación de los daños materiales y morales, que era subjetiva e infundada apreciación formulada por AFIP, ya que consideró que se acreditaron los daños que sufrió el actor como consecuencia del embargo y siendo privado de un porcentaje importante de su caja de ahorro durante tres años. En tal sentido, se argumentó que Conci reclamó por dos cuotas que le fueron debitadas –N° 8 y N° 9- del plan “Mis Facilidades” N° C507636 por los montos de $389,49 y de 394,70 con más intereses, documentación presentada por el actor. El tribunal fijar la cuantía del daño que la medida cautelar provocó en el patrimonio del actor, compartiendo lo estimado en primera instancia, donde se evaluó el porcentaje y el tiempo que Conci tuvo embargada su caja de ahorro. En tal sentido, Ávalos compartió las consideraciones del juez de grado respecto a que las sumas de dinero que le fueron privadas al actor a raíz del embargo trabado fue “por exclusiva responsabilidad de la demandada”. Así, entendió que correspondía hacer lugar a ese rubro de una manera distinta a la propuesta, ya que el actor pretendía la aplicación de intereses punitorios y resarcitorios sobre esa suma, cuando en realidad consideró el juez que los mismos no resultaban de aplicación por tratarse de un depósito bancario sujeto en su caso a otro tipo de interés. Por ello, se ordenó a la demandada resarcir el importe que resultara de aplicar sobre la suma de $23.366,21 – el interés de la tasa pasiva promedio que mensualmente publica el Banco Central de la República Argentina con más dos por ciento mensual del 28/09/2009 hasta el 28/08/2012, cuando se libró orden de pago para devolver el monto embargado. Autos: “CONCI, MARCELO RAÚL C/ AFIP – DGI – DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. FCB 1030035/2015/CA1) [/privado]

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