Acciones para detectar a verdaderos titulares de bienes se ventilan en el fuero Civil

La Alzada reiteró que los planteos para demostrar simulaciones y fraudes con impacto en la sociedad conyugal y la alternativa de “descorrer el velo de la personalidad jurídica” no son competencia de los tribunales de Familia, que privilegian su especialidad y extrapatrimonialidad. [privado] En el marco de un juicio de divorcio, la Cámara de Familia de 1ª Nominación rechazó el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de M.V. en contra del decreto que no admitió probanzas que ofreció por varias razones, entre éstas, por referirse a terceros ajenos al pleito y por ser extemporánea. También limitó la informativa a supuestos en los cuales los titulares fueran los cónyuges. La Alzada precisó que el letrado no rebatió las motivaciones esenciales del pronunciamiento que cuestionó y que sus censuras configuraban una simple divergencia con lo decidido. Así, enfatizó que el impugnante “equivocó el objetivo de sus agravios” y reseñó que sus primeras críticas se dirigieron a cuestionar la decisión que desestimó “in limine” la reposición mediante la remisión a las razones que dio en el recurso atacado. “La ley 7676 diseña un sistema especial para las vías impugnativas que regula, el cual es distinto del previsto por el Código Procesal Civil y Comercial”, recordó la Cámara, subrayado que la significación y vigencia de tales normas fue reconocida por el Tribunal Superior de Justicia, en tanto la normativa general sólo es aplicable subsidiariamente en caso de silencio de la ley especial. “En el subcaso los vicios que se endilgan al decreto que denegara la reposición son formales: falta de fundamentación, vulneración del derecho de defensa en juicio y desconocimiento de los principios de contradicción y congruencia”, destacó, puntualizando que esas infracciones son materia del autónomo recurso de anulación, que no se dedujo. En esa línea, la Cámara detalló que expresó reiteradamente que en la ley foral el recurso de anulación mantiene su autonomía con respecto al de apelación, a diferencia de lo que sucede en el procedimiento civil, una normativa que es supletoria en supuestos no previstos en la ley 7676. Tras dejar en claro que ese sólo motivo descalificaba, “ab initio” las quejas del apelante, el tribunal acotó que tampoco había agravios que pudieran sustentar la nulificación pretendida. “Pese a que debieron, al menos, reiterarse o ampliarse los argumentos que determinaron la denegatoria, la concesión de la apelación interpuesta en subsidio trajo a conocimiento de este tribunal la resolución inicialmente repuesta; por lo tanto, carece de virtualidad cuestionar el rechazo de la reposición ya que los derechos que se estimaron conculcados por tal escueta decisión encuentran cabida al revisar la alzada el decreto apelado”, enfatizó. En cuanto al recurso de apelación articulado y concedido, la Alzada destacó que las quejas las quejas enunciadas no eran agravios en sentido técnico, pues no implicaron en una crítica concreta y razonada del decisorio que se impugnó. Crítica confusa La Cámara reseñó que de la “confusa crítica” de la recurrente podía interpretarse su disconformidad con que la prueba inadmitida se vinculara a terceros ajenos a la sociedad conyugal, alegando que esa posición no contemplaba que éstos habrían sido instalados “ex profeso”, lo que cercenaría su derecho como “socia de la sociedad conyugal”; que se le debía permitir demostrar “el verdadero capital y cómo la conformó el otro socio” mientras ella atendía a su familia y que, como afectada, no podía concurrir ante otro estrado, pues todo se produjo durante la sociedad conyugal. En su fallo, las juezas María Virginia Bertoldi de Fourca y María de los Ángeles Bonzano de Saiz resaltaron que esos argumentos carecían de idoneidad para hacer caer el resolutorio atacado, ya que la prueba desestimada se vinculaba a terceros ajenos al juicio de divorcio. Asimismo, precisaron que la demostración de simulación y fraude con impacto en la sociedad conyugal y la alternativa de “descorrer el velo de la personalidad jurídica” para visualizar los verdaderos titulares de ciertos bienes deben intentarse mediante acciones que son competencia del fuero Civil y Comercial; ello así, porque el fuero de Familia privilegia su especialidad y extrapatrimonialidad . Por otra parte, consignaron que la integración de la sociedad conyugal podrá discutirse en una etapa posterior a su disolución, la que se produciría con el dictado de la sentencia. [/privado]

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