ESCUCHARLa Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue absuelta en un juicio por hechos de violencia registrados en partidos disputados en la cancha de Boca Juniors entre abril y mayo de 2007. El juez en lo contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Norberto Circo, consideró que AFA no tiene responsabilidad en materia de seguridad y benefició a los inspectores del organismo, Domingo Alvarez, Roberto Luque, Fabián Pascal y Ernesto Sánchez.
Los hechos que originaron la causa fueron el acceso de público al estadio sin las correspondientes entradas, el ingreso de pirotecnia a la cancha y la portación de cuchillos por parte de simpatizantes xeneizes en partidos contra River, Racing y Arsenal de Sarandí.
Por su parte, el fiscal Martín Lapadu había requerido que AFA fuera condenada a pagar una multa de $ 100 mil pesos e inhabilitada durante seis meses para organizar torneos de fútbol de primera división, al considerar que tenía un “relevante grado de responsabilidad en la organización y seguridad de los encuentros futbolísticos”.
Lapadu afirmó que AFA “es la beneficiaria del espectáculo deportivo”, pues “obtiene un provecho económico de los encuentros, ya que recibe un porcentaje de la recaudación bruta de los partidos oficiales”. Además, el acusador pretendía que fuera condenada a realizar una campaña “antiviolencia” en el fútbol, con difusión en medios televisivos.
Los clubes
Circo sostuvo, en cambio, que la asociación se limita a organizar los partidos, a adjudicar las calificaciones deportivas de local y visitante y a juzgar las eventuales conductas de los protagonistas de los encuentros. “Las consecuencias del juego y/o del espectáculo deportivo corrían por cuenta exclusiva de los clubes entre los que se iban a disputar los partidos”, dijo.
“Los clubes locales -agregó el juez- son responsables de la realización de los partidos” porque “tienen a cargo la designación de las personas que deben controlar el ingreso y el egreso del público, la protección de los concurrentes a las dependencias del estadio y la contratación de la policía para prevenir y asegurar el mantenimiento del orden y reprimir toda conducta delictiva”.
