ESCUCHARSe trata de un trabajo parcial que modifica una veintena de artículos de la normativa. El principio de oportunidad, la regulación de los allanamientos y la prisión preventiva, entre los puntos centrales del anteproyecto. Los letrados piden ser escuchados y participar de las modificaciones.
En marco de la reforma de códigos en la Provincia, el Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba presentó esta semana ante el Ministerio de Justicia -a cargo de Luis Angulo- su anteproyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal (CPP).
En rigor, el trabajo es un proyecto parcial que incluye la modificación de una veintena de artículos del CPP que los abogados consideran deben ser tenidos en cuenta en una futura reforma, que deberá ser aprobada oportunamente por la Legislatura Unicameral.
Sabido es que la modificación y actualización de los códigos es una deuda pendiente del gobierno de Juan Schiaretti y una de las banderas que impulsa el actual ministro de Justicia.
Aunque las reformas serán fruto de un trabajo de una comisión interdisciplinaria, según precisó Angulo a este medio, los abogados se adelantaron y ya presentaron su propio trabajo.
El presidente del Colegio de Córdoba, Héctor Echegaray, valoró la postura del Ministerio y aseguró a Comercio y Justicia que los letrados quieren contribuir y ser escuchados en los cambios que vayan a introducirse.
Ocurre que la experiencia no ha sido buena. En la anterior gestión, encabezada por la ministra Graciela Chayep, los abogados se retiraron de la mesa de trabajo donde se debatía el Código Procesal Civil y Comercial y terminaron elaborando su propio proyecto, que finalmente no prosperó, al igual que tampoco lo hizo el trabajo de la comisión de expertos.
Los cambios
Entre los cambios impulsados por los abogados cabe mencionar el artículo referido al criterio de oportunidad: se fijan pautas concretas para su aplicación.
La regulación de los allanamientos realizados a profesionales es otro de los aspectos que los letrados intentan modificar en su anteproyecto. Es un viejo reclamo que se profundizó luego de los allanamientos que la Justicia ordenó y realizó en estudios jurídicos vinculados con la causa de fraudes de la ART Provincia.
Los abogados pretenden que, para proteger el secreto profesional, estos actos procesales sean previamente informados al colegio al que pertenezca el sospechado con la debida anticipación, para que la entidad designe a una persona que pueda participar del allanamiento y realizar observaciones, en caso de ser necesario.
La modificación del artículo 205 también incluye el derecho del profesional a solicitar la presencia del funcionario judicial que ordenó el registro.
El trabajo de los abogados también avanza sobre el instituto de la prisión preventiva. “Pretendemos que se respeten los lineamientos que ha fijado la Corte Suprema en la materia y que se evite el encarcelamiento como regla”, explicó Echegaray a este medio.
