ESCUCHAREn los próximos días, la Corte Suprema y el Gobierno nacional deberán responder las consultas que les cursó el magistrado que entiende en el caso. Se trata de Santiago Carrillo, del fuero en lo Contencioso-administrativo federal
El juez federal en lo Contencioso-administrativo federal Santiago Carrillo habilitó la feria judicial para tratar el pedido de 166 abogados para que se restablezca el servicio de justicia.
Previo a resolver, Carrillo les pidió opinión a los demandados: el Gobierno nacional y la Corte Suprema.
El amparo colectivo fue promovido a principio de mes. Los letrados pidieron la inconstitucionalidad de las acordadas de la Corte que fijaron la feria judicial extraordinaria y que se dicte una medida cautelar para que el Poder Judicial vuelva a funcionar de manera plena, apoyado en el teletrabajo.
Desde el 20 de marzo, cuando se dispuso el el aislamiento obligatorio, mediante la acordada 6/20 la Máxima Instancia declaró la feria extraordinaria.
En función de esa medida, desde hace casi dos meses sólo se tramitan expedientes urgentes. Además, en los juzgados hay personal indispensable y se habilitó la resolución de causas por medios tecnológicos. Cada vez que el Gobierno extendió la cuarentena, la Corte ratificó la feria, aunque agregó nuevas funciones.
Al hacer su planteo, los amparistas alegaron que a dos meses de aislamiento se impone que los tribunales funcionen a pleno.
“A estas alturas no brindar el servicio de Justicia con regularidad resulta un auténtico disparate que vulnera derechos constitucionales y supralegales, que por este amparo se buscan proteger”, argumentaron los reclamantes
Por ello, solicitaron que, de manera urgente, el Ejecutivo dicte un decreto de necesidad y urgencia que incorpore expresamente a la Justicia como actividad esencial.
En esa línea, expusieron que muchas actividades esenciales del Estado, como las de salud, de seguridad y las de estructuras del Poder Ejecutivo, se continúan prestando normalmente.
“El sector privado tampoco está absolutamente limitado, muy por el contrario”, acotaron, y señalaron que hay sectores, como el bancario, que fueron obligados a abrir sus puertas durante los fines de semana.
En tanto, recordaron que periodistas, agropecuarios, productores y comercializadores de alimentos, entre otros, están excluidos del aislamiento.
Ahora, en un plazo de tres días, el Gobierno y la Corte deberán contestar. Luego, el magistrado quedará en condiciones de resolver.
Amparo
-Encabezados por la abogada Andrea Contreras, los letrados explicaron que la limitación laboral en la que se encuentran les genera problemas económicos.
-En el amparo que promovieron, señalaron que no están cobrando honorarios y que, a pesar de eso, no fueron alcanzados por ninguna de las medidas de ayuda económica y que deben seguir pagando los impuestos que tienen por su profesión, además de los costos de alquiler de una oficina y otros gastos.
-En tanto, recalcaron que, a diferencia de los integrantes del Poder Judicial, no están exceptuados de cumplir el aislamiento. Por eso, pidieron la inconstitucionalidad de las acordadas de la Corte que fijaron la feria judicial extraordinaria.
-A la presentación inicial se sumaron otros abogados que hicieron llegar al juzgado su adhesión.
Al habilitar la feria, el juez enfatizó que la demora impuesta por el receso extraordinario judicial en la tramitación del amparo “entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos que no podrían encontrar una protección oportuna”.
