ESCUCHARLa Corte Suprema salvadoreña se apresta a intervenir ante la decisión del jefe de Estado, que tiene el fin aparente de presionar al parlamento para que apruebe la toma de un crédito por 109 millones de dólares para financiar la lucha contra de las fuerzas de seguridad el crimen organizado
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador analiza «posibles acciones» luego de que el presidente Nayib Bukele llamara a una virtual insurrección civil y desplegara tropas militares alrededor del Congreso, hechos que provocaron el rechazo de la oposición y la alarma de la ONU y la OEA.
El país quedó en vilo después de que Bukele llamara a una concentración ciudadana con el objeto de presionar a la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral), a la que, a través del Consejo de Ministros, convocó a una sesión extraordinaria.
El mandatario justificó su convocatoria a la ciudadanía en el artículo 87 de la Constitución, que «reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones de los derechos humanos consagrados» por la propia carta magna.
Bukele adoptó el sábado esas medidas luego de que el jueves pasado las bancadas parlamentarias opositoras no facilitaran quórum para aprobar un crédito Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 109 millones de dólares, destinado a financiar el refuerzo y el equipamiento de las fuerzas de seguridad para su lucha contra el crimen organizado.
En ese contexto, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, informó que la Policía Nacional Civil quedó acuartelada a la espera de instrucciones «ante la negativa de los diputados a asistir a la convocatoria constitucional del Consejo de Ministros».
Por su lado, el ministro de Defensa, almirante René Merino, dijo en conferencia de prensa que los militares estaban «esperando las órdenes» y subrayó: «Honraremos el juramento de obedecer al presidente de la república y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aun a costa de nuestras vidas».
«Desde ayer en la noche estamos en ese tema; estamos analizando las posibles acciones» a adoptar, dijo esta mañana uno de los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema -que pidió que no se lo identificara- al periódico salvadoreño El Diario de Hoy.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) hizo «un llamado al diálogo y al pleno respeto de la institucionalidad democrática para garantizar el estado de derecho, incluyendo la independencia de las ramas del poder público», en un comunicado divulgado en Twitter por su sede para América Central.
En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo en la misma red social que había trasladado por teléfono su preocupación a la canciller salvadoreña, Alexandra Hill.
Semanas atrás, las bancadas opositoras que controlan la Asamblea Legislativa decidieron retirar de la agenda el dictamen para aprobar el préstamo del BCIE -a pagar en 20 años y con 36 meses de gracia- que el gobierno de Bukele había pedido como prioridad.
El centroizquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), los dos partidos que gobernaron El Salvador entre 1989 y 2019 y son mayoritarios en el parlamento, no apoyan el préstamo porque aducen que no tienen garantías del gobierno sobre cómo se ejecutará y fiscalizará.
El viernes, el jefe del Estado ordenó retirar la seguridad de los diputados que presta la Policía y el sabado militarizó la instalaciones de la Asamblea.
Asimismo, el sábado volvió a fracasar otro intento de que sesionara el parlamento, cuando solo 28 de los 84 diputados asistieron a la convocatoria realizada por su presidente, Mario Ponce, que entonces realizó un nuevo llamado para hoy al mediodía, según el diario local La Prensa Gráfica.
Bukele advirtió por Twitter que el llamado a la sesión extraordinaria «se mantiene vigente y la asistencia de los diputados es ineludible», por lo que aquellos que no concurran «responderán por sus propias acciones» porque «la Constitución también es clara en este punto».
Ponce respondió pidiéndole al mandatario que dé al Legislativo «el espacio suficiente» para que desde hoy al jueves pueda «darle al país la aprobación de los 109 millones» de dólares del crédito «para el plan de seguridad».
«Condenamos categóricamente las acciones altamente peligrosas para el país emprendidas por el presidente de la república, que rompen el orden constitucional y la independencia de poderes, y queremos decirle que a nosotros no nos va a chantajear», sostuvo el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, según el diario salvadoreño El Mundo.
A la vez, Arena sostuvo en una declaración: «El verdadero tema es la real amenaza a la democracia, a las libertades fundamentales, al respeto a los derechos humanos y al rompimiento del orden constitucional salvadoreño» y pidió ayuda a la comunidad internacional.
