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Venta de campos: una de cal y una de arena

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La mejora del cambio es positiva para el sector porque mejorará la rentabilidad, que estaba
resentida. Sin embargo, la suba de las tasas de las Lebac puede ser perjudicial porque desviará el flujo de fondos necesarios para la reactivación del rubro. La sequía frenó el ánimo pero no las operaciones

La suba del dólar para el sector agropecuario ayuda a mejorar la rentabilidad, con lo cual las operaciones inmobiliarias de campos rurales podrían verse mayormente beneficiadas. No obstante, el vencimiento de las Lebac y la suba de tasas en torno a 40%, podría impactar de modo negativo en tanto “es más rentable mantener letras que invertir en cualquier proyecto productivo”, según explicó a Comercio y Justicia, Javier Christensen, de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR).
“El dólar se equiparó al valor que teníamos en enero de 2016, contemplando la inflación de 40%. Esto favorece las operaciones agropecuarias que se manejan con precios internacionales en dólares que venían muy atrasados, con lo cual mejora la rentabilidad”, aclaró.
Asimismo recordó que la rentabilidad del sector agropecuario se ha visto afectada en los últimos meses como consecuencia del incremento de los costos en dólares (fletes, insumos, impuestos) y, por otro lado, por los efectos de la sequía y las inundaciones, que han impactado negativamente sobre miles y miles de hectáreas.
En contrapartida, la renovación de las Lebac, con una tasa de interés de alrededor de 40%, perjudicará las inversiones en tierras rurales como reserva de valor, según remarcó Christensen, frente a un inversor que, sin destinar el dinero a cualquier proyecto productivo, ganaría mensualmente un interés de tres por ciento. “Las elevadas tasas financieras continúan desviando el flujo de fondos necesarios para la reactivación en el mercado inmobiliario rural”, graficó.

En ese sentido, recordó que la rentabilidad histórica de un campo es del orden de tres o cuatro por ciento anual, con el riesgo estacional que eso conlleva, en torno a los efectos climáticos.
A propósito de ello, recordó que la sequía pasada ha sido la más dura de los últimos años y que, si bien a afectado el humor de los productores, no lo ha hecho en las ventas.
“Las ventas han estado muy inestables durantes los últimos meses, pero no han caído abruptamente con la sequía; tengamos en cuenta que el inversor de campo conoce el negocio y está acostumbrado a los efectos del negocio estacional”, aclaró el empresario.
El último InCair -el índice de la cámara- a abril pasado marcó 46 puntos sobre una base de 97,5 lo que implica un crecimiento con relación a marzo, que midió 41,50 puntos.
Aunque dista mucho de llegar a su máximo histórico medido antes del cepo cambiario (casi 100%), la actividad muestra signos de recuperación.
El índice elaborado por la entidad es de elaboración ininterrumpida desde hace cinco años y refleja la actividad del mercado inmobiliario rural en todo el territorio nacional. Ya en febrero se había constatado una suba en los registros de actividad inmobiliaria en los campos, pues en dicho mes el índice había subido 9,22% interanual, hasta llegar a 39,67 puntos.

Proyección
La cámara proyecta un leve crecimiento en la actividad para los meses próximos. El primer cuatrimestre cerró sin mayores sobresaltos en el sector inmobiliario rural, salvo la aparición de algunas operaciones de relevancia dentro de un segmento del mercado que hacía rato que se encontraba ausente.
Un cierto número de las operaciones realizadas en el primer cuatrimestre del año 2018 ha sido a valores prudentes, motivadas por ambas partes del negocio, que han cedido parcialmente en sus pretensiones.

Ley que frena

La entidad también recordó que la vigencia de la Ley 26737 de “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales” continúa siendo un claro freno a las inversiones extranjeras.

Para la cámara, la “ley de tierras rurales” -que restringe la venta a extranjeros- afectó la venta de campos en US$1300 millones desde que rige desde 2011 y fue modificada hace 22 meses. “Se frenaron muchas inversiones extranjeras; entendemos que debe haber una ley y lo apoyamos, pero las restricciones deben ser al desembarco de fondos soberanos, no a los particulares porque en este caso hay rotación, vienen con capital, con tecnología, generan empleo”, enfatizó en declaraciones a otro medio.
En julio de 2016, el Gobierno modificó por decreto la ley y flexibilizó las restricciones para la venta de campos a extranjeros que impuso el kirchnerismo en diciembre de 2011 y que fijó en 15% el límite “de toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y municipal, por parte de extranjeros”.
Con el cambio se considera titular a quien tiene 51% del capital de una persona jurídica y no 25%, como era en la norma de 2011.

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