ESCUCHAREl Gobernador quiere que el Máximo Tribunal ratifique o no si el criterio de distribución de fondos coparticipables es el correcto. El intendente volvió a pedir que la Provincia le gire los fondos que, según dice, les corresponden a los municipios. De todas formas, anticipó una reducción de la tasa sobre la factura de gas, aunque para casos específicos. Cuál sería el impacto fiscal de eliminar el IVA a los servicios
El Gobierno provincial presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) un planteo para que ratifique o rectifique el criterio de reparto a los municipios de fondos derivados de los cambios dispuestos por el Consenso Fiscal firmado a fines del año pasado entre la Nación y las provincias.
Concretamente, apunta a que el Máximo Tribunal cierre definitivamente la polémica respecto a la distribución de recursos del impuesto a las Ganancias, vinculada con los cambios en el denominado Fondo del Conurbano Bonaerense. Esa modificación, incluida en el pacto fiscal, generó recursos extra a las provincias, parte de los cuales Córdoba no coparticipa a los municipios porque entiende que el reparto no corresponde.
La postura es contrapuesta a la esgrimida por el intendente Ramón Mestre y jefes comunales de Cambiemos, para quienes el Gobierno provincial se apropia indebidamente de fondos.
La disputa ya tiene un antedecente a favor de la Provincia. La semana pasada, la Comisión Federal de Impuestos (CFI) consideró que el criterio correcto de reparto de esos recursos es el que aplica Córdoba y en rigor también otros distritos.
“Para nosotros el tema está claro. De todas formas, vamos a esperar ahora que el Tribunal Superior ratifique esa medida”, dijó ayer a Comercio y Justicia el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.
Pero Mestre insiste en desconocer esa interpretación. Ayer reunió con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, luego de lo cual el jefe comunal anticipó que seguirá reclamando por cambios en la distribución de partidas.
Oportunamente, Mestre había adelantado que, si la Provincia coparticipaba esos recursos, el municipio estaba dispuesto a reducir o eventualmente eliminar las tasas ancladas a los servicios, entre ellas al gas y al agua.
Sin embargo, aun sin esos recursos, el intendente anunció ayer que eliminará la tasa que incide sobre la factura de gas a partir de mayo, aunque sólo para los beneficiarios de tarifa social.
Asimismo, resolvió que no se la cobrará -a ninguna categoría- en junio y julio, en línea con la decisión que tomó el año pasado.
El jefe comunal recordó que ya había reducido la tasa sobre la energía eléctrica y el gas.
En rigor, Mestre quedó ayer casi obligado a realizar algún anuncio de ese tipo luego de que el presidente Macri instó a gobernadores e intendentes a bajar o eliminar esos gravámenes de los servicios. El costo fiscal de esas medidas, sin dudas, será un tema a resolver por el intendente.
Presentación por fondos
En cuanto a la decisión del Gobierno provincial de ir al TSJ, el Ejecutivo informó que, mediante el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Pablo Reyna, solicitó al Máximo Tribunal que ratifique lo dispuesto en el decreto 569/2018 del Poder Ejecutivo provincial del 20 de abril, en relación con la distribución de fondos coparticipables. Mediante esa resolución, la Provincia rechazó el reclamo formulado por los intendentes de las ciudades de Córdoba y Oliva, Ramón Mestre y Oscar Tamis, respectivamente.
Fuentes del municipio admitieron que ayer fueron notificados del decreto que, en resumidas cuentas, pone fin a las negociaciones relativas a la distribución de fondos y confirma la modalidad de reparto.
La Provincia entiende que el texto del Consenso Fiscal firmado expresamente dispone que los fondos en cuestión no son coparticipables a municipios y comunas sino recursos afectados a programas sociales de administración provincial exclusiva.
El intendente de Córdoba había planteado oportunamente que recurriría al TSJ para demandar a la Provincia por los fondos que retenía indebidamente, según su entender.
Anoche, fuentes del municipio consultadas admitieron que aguardarán una resolución del Máximo Tribunal, que puede no ser inmediata.
Mientras tanto, seguirán reclamando los recursos por la vía política.
Por lo demás, con el ministro Frigerio Mestre analizó diferentes temas vinculados con obras fondeadas con recursos nacionales.
La disputa por las tarifas
Mientras el intendente anunciaba una baja en las tasas que gravan la factura del gas, ayer, el gobernador Schiaretti volvió a hablar sobre el impacto de tributos sobre los servicios.
En ese marco, se mostró favorable al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso para derogar los impuestos internos que gravan las tarifas de esas prestaciones.
En ese sentido, el mandatario recordó que el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) ya instrumentó el cambio en el modelo de facturación de los servicios al eliminar el cobro de ítemes que no correspondan con la prestación de esos servicios.
El apoyo a ese proyecto no es casual. Es que, más allá de lo que dijo el Gobernador, esa iniciativa deja a resguardo el cobro de IVA e Ingresos Brutos (IIBB) a los servicios, no así a las tasas específicas, básicamente municipales.
Ayer, Giordano insistió ante este medio en que no está en los planes una reducción extra de IIBB, más allá de la aplicada a comienzos de año, vinculada con las exigencias del Consenso Fiscal.
Con todo, apoyó el planteo de Schiaretti de que la Nación baje el IVA, que en algunos casos llega a 27%, y que claramente impacta sobre el monto final de las facturas. “Si se bajará el IVA hay un aporte proporcional de cada una de las jurisdicciones”, recordó.
Es que el IVA es coparticipable. Por lo tanto, una reducción, incidiría también en los ingresos de las provincias y también de los municipios.
La Nación estimó que la eliminación total de las facturas de luz, agua y electricidad, tendría un impacto fiscal anualizado de 29.140 millones de pesos. De ese monto, Córdoba resignaría 1.312 millones de pesos.
Sin acuerdo por quita
La nueva audiencia de conciliación entre la Municipalidad de Córdoba, el Ersep y las prestatarias de los servicios de energía eléctrica y agua fracasó ayer, por lo que la Cámara Contencioso-administrativa de 2ª Nominación será finalmente la que deba expedirse respecto a si es pertinente el planteo del Ersep de exigir la elminación de gravámenes de las facturas de agua y, en el caso de la luz, el cobro sólo del consumo específico del municipio de que se trate. El intendente Mestre había interpuesto un recurso para evitar que las decisiones del Ersep se concretaran. Ahora, el tribunal deberá resolver la cautelar presentada por la comuna.
