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Schiaretti analiza emitir Letras y ajusta más el gasto para afrontar la crisis

Es una opción que hasta ahora no se había utilizado pero que se reflotó ante la necesidad de cubrir obligaciones ineludibles. Descuentan que habrá revisión de la”gatillo” desde septiembre. La colocación sería de cortísimo plazo. Mientras, se estudian variantes para reducir costos, entre ellos tarifa social y boletos subsidiados

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

El Gobierno de Córdoba analiza la posibilidad de salir al mercado a colocar Letras del Tesoro como forma de financiar erogaciones corrientes de corto plazo, ante la sostenida caída de la recaudación y, en contrapartida, la suba del gasto, en muchos casos anclado a la inflación.
La posibilidad fue admitida a Comercio y Justicia por dos fuentes del Ejecutivo quienes -sin embargo- evitaron abundar en mayores detalles.
De todas formas, en caso de concretarse, será la primera vez que la Provincia recurra a este tipo de instrumentos, pese a que todos los años se reserva en el Presupuesto un monto para esas herramientas.
Concretamente, según la pauta de gastos e ingresos aprobada para 2019, la toma de endeudamiento para este ejercicio alcanza casi $27.500 millones, pasivo que se utilizará para cubrir el plan de obras y el déficit del consolidado provincial.
La toma de deuda incluye $23.960 millones para obras (pueden ser mediante la emisión de títulos o toma de crédito) y otros $3.500 millones en Letras del Tesoro.
En tanto, casi $20 mil millones podrán utilizarse para emitir deuda pero sólo para cancelar o refinanciar la vigente. En la práctica significa que a los efectos del monto de la deuda pública, no deberían generar cambios en el número final.
En total, el uso de crédito previsto para la Administración Pública no Financiera (APNF) es de $46.508 millones, según el texto del Presupuesto.
Este año la Provincia no recurrió a la emisión de títulos de deuda, de hecho tampoco el año pasado -producto de la inestabilidad del mercado luego de la fuerte devaluación que comenzó a fines de abril de 2018-.

Sin embargo, sí avanzó -aun en la crisis- con la gestión y obtención de crédito externo, tanto de organismos multilaterales como de fondos de inversión y bancos privados.
Específicamente este año, de acuerdo con los datos incluidos en la ejecución presupuestaria al 31 de marzo pasado, el nuevo endeudamiento fue de  920,57 millones de euros, en este caso consecuencia de sendos créditos del Deutsche Bank y del BBVA, en todos los casos utilizados para obras.
En tanto, seguramente en la próxima ejecución trimestral aparecerán reflejados ya otros créditos, por ejemplo de fondos árabes y prontamente también de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), entre otros. Pero, en todos los casos serán recursos para proyectos de infraestructura.
En este caso, la necesidad de fondos exigiría apelar a otro instrumento: “El tema está en análisis. En caso de salir, serán letras de cortísimo plazo, posiblemente con vencimiento antes de las elecciones, porque las tasas que deberíamos convalidar para un vencimiento posterior serían probablemente mayores”, admitió una fuente.
En tanto, otro de los consultados dijo que el programa no requerirá calificación porque sería la misma que ya tiene Córdoba como emisor en el mercado doméstico, que le fue asignada por Moody’s.

Más allá de que finalmente las letras terminen emitiéndose, el solo hecho de que ese instrumento esté en análisis muestra a las claras que la situación de la Provincia no es precisamente holgada, con una recaudación que no logra salir el terreno negativo en términos reales, en el que cayó hace ya más de un año.
En tanto, si bien los números de mayo mejoraron levemente, los datos de junio, aún parciales, muestran que el panorama está lejos de revertirse.
Las letras son herramientas de corto plazo muy utilizadas para cubrir necesidades de caja. Muchas provincias las utilizan. En el caso de Córdoba, el intendente Ramón Mestre las implementó por primera vez en 2011 y desde entonces generó un programa anual que, por ejemplo este año, incluyó la colocación de dos instrumentos de $350 millones cada serie.

Ajuste en el gasto
Sin ingresos que acompañen la inflación y con un gasto que crece en muchos casos atado a los precios o al dólar, el ahorro corriente y el superávit financiero vienen mostrando un preocupante descenso.
En ese marco, hay varios frentes en análisis para buscar achicar costos. El primero es la obra pública, clásica variable de ajuste cuando la crisis golpea los diferentes estamentos de gobierno. La desaceleración en el ritmo de obra, que ya había quedado reflejado con los datos del primer trimestre, será mucho más ostensible con el correr del año, más aún luego de haber pasado las elecciones del 12 de mayo, cuando el gobernador Juan Schiaretti obtuvo un cómodo triunfo y su reelección.

Ya no se usará ahorro corriente para pagar obras y sólo se avanzará con recursos gestionados mediante crédito externo. De hecho, además de los fondos ya tramitados, se avanza en la búsqueda de fondos estatales italianos, según anticipó oportunamente este medio. Se mantendrán en obra los proyectos claves. Para el resto, los plazos serán mayores.
Otro de los puntos a revisar es la aplicación de la claúsula “gatillo” de aumento a los gremios estatales. El acuerdo firmado con ellos oportunamente habla claramente de que la indexación por inflación de los sueldos de aplicará de forma directa hasta agosto inclusive. Desde septiembre se revisará conforme la evolución de los precios respecto a la recaudación. Salvo un quiebre inesperado de los ingresos tributarios que comiencen a mostrar cifras positivas, algo que hoy parece impensado, el gatillo ya no se aplicará de manera plena desde septiembre y habrá que negociar nuevos términos, tal como ocurrió el año pasado. Más aún, por más que la recaudación mejore ya en septiembre, en el acumulado anual seguirá mostrando una caída en términos reales.
Sin embargo, no serán las únicas variables en revisión, aunque sí las más importantes respecto al impacto por el presupuesto que demandan.
Según datos admitidos por diferentes fuentes, se avanza en el análisis de las tarifas sociales, particularmente de la eléctrica y también de los denominados boletos subsidiados.
En el primer caso, luego de la decisión del Gobierno nacional de desactivar los subsidios a los beneficiarios de tarifa social, la Provincia se hizo cargo de  ésta -aunque con menos beneficios-.

Ahora, la idea es hacer un nuevo tamiz del padrón que llevaría a una importante reducción en el número de beneficiarios o probablemente una merma en los beneficios recibidos.
Respecto a los boletos, la intención es similar aunque no en todos los casos. Una de las alternativas es reducir la cantidad de viajes subsidiados en alguno de los planes vigentes.
Para peor, cada vez que hay un aumento de tarifas, días atrás hubo una en el transporte urbano y también en el interurbano, el costo del subsidio para la Provincia aumenta.
Actualmente, el Gobierno provincial tiene en vigencia el Boleto Educativo Gratuito, el Obrero Social, el para Adultos Mayores y el Social Cordobés.
La revisión del gasto abarca en rigor a todas las áreas. “Todo suma”, aseguraron desde el Gobierno y si bien buscaron restarle dramatismo a la situación, admitieron que lo mejor en esta etapa es prevenir para evitar eventuales situaciones de crisis.